Tras algo más de cuatro horas de reunión, el CPFF debatió y aprobó la propuesta del Gobierno, que, según sus vicepresidentes Elena Salgado y Manuel Chaves, mejorará e igualará la financiación per cápita de todas las comunidades, aumentará la corresponsabilidad fiscal y permitirá el acceso de los ciudadanos a los servicios fundamentales vivan donde vivan.
Salgado y Chaves resaltaron que el modelo no haya tenido ningún voto desfavorable y que con él todas las autonomías ganan y ninguna pierde porque, además, todas se acercan a la media, tanto las que se situaban muy por encima como las que estaban por debajo.
El acuerdo salió adelante con los votos favorables de las siete comunidades del PSOE (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura), más Cantabria (PRC-PSOE), Canarias (CC-PP) y la ciudad autónoma de Ceuta, gobernada con mayoría absoluta por el PP.
Las seis comunidades autónomas gobernadas por el PP –Galicia, Madrid, Castilla y León, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana– se abstuvieron, al igual que la ciudad autónoma de Melilla, en tanto que Navarra y País Vasco, comunidades a las que no les afecta el modelo, se ausentaron de la votación.
La vicepresidenta económica explicó que el Gobierno “no ahorrará esfuerzos” para lograr que el modelo obtenga el mayor consenso posible en las Cortes Generales a través de un proyecto que modificará la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), aunque la aplicación en cada comunidad dependerá de que sea ratificado en las comisiones mixtas correspondientes.
Chaves, por su parte, quiso dejar claro que, “se puede estar a favor o en contra del modelo”, pero “no es legítimo” afirmar que Cataluña sale beneficiada, ya que “no se ha llevado ni más ni menos que el resto”.
Tras recordar que esta comunidad estaba “notablemente por debajo de la media” en financiación por habitante, Chaves instó a que no se utilice el “agravio comparativo” ni el “enfrentamiento” entre autonomías, por lo que pidió “madurez” y “responsabilidad”, especialmente al PP.
Salgado defendió el documento del Gobierno porque otorga más recursos a las comunidades, garantiza a los ciudadanos la igualdad en los servicios básicos, contribuye a la equidad en la financiación per cápita y aumenta la capacidad normativa en los impuestos.
Y es que, según el Gobierno, cuatro de cada cinco euros se destinarán a políticas sociales.
Ni Chaves ni Salgado han querido facilitar las cifras finales de la financiación y se han remitido a las comunidades si es que ellas quieren hacer públicos sus cálculos, si bien han insistido en que dependerán del crecimiento económico y de los ingresos tributarios.
Sólo han mencionado los 11.000 millones de euros adicionales al sistema que, según Salgado, suponen en torno al 10% de los recursos totales.
No obstante, anunció que a finales de julio se dará a conocer una cifra inicial de los recursos con los que podrán contar las comunidades para que puedan reflejarlo en sus presupuestos de 2010, que se confirmará en septiembre.
Reconoció la vicepresidenta que el momento actual es muy complicado y que mientras en el periodo 1999-2007 la financiación autonómica ha tenido unos resultados positivos, después de esas fechas los ingresos tributarios han caído, lo que puede repercutir en el sistema.
Respecto a las peticiones que todavía ayer le formularon algunas comunidades para que algunas variables ponderen más en el sistema, Salgado precisó que “no parece fácil” introducir más ponderaciones porque ya suman cien, y recordó que se ha llegado a un equilibrio con las demandas de las autonomías en este aspecto.
No obstante, subrayó que la petición de Galicia de que se tuviera en cuenta a sus emigrantes –unos 400.000– no ha podido recogerse.
En cambio, sí se han aceptado algunas reivindicaciones de Ceuta, que permitirán a la ciudad autónoma 1,5 millones de euros más.
Respecto a las críticas de algunas autonomías del PP que consideran que el modelo penaliza la bajada de impuestos, Salgado explicó que la propuesta sí permite esta reducción y que no lo penaliza, si bien ha considerado que en momento de crisis económica no es solidario disminuirlos.
