La derrota del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Mosul ha dejado tras de sí a miles de familiares de combatientes, dirigentes y simpatizantes que afrontan un incierto futuro entre una población extenuada, que en muchas ocasiones clama venganza, y un Gobierno que aún no sabe cómo abordar este problema.
"Algunos quieren ponerlos en un campamento aislado, otros dicen que se les deje en la sociedad para que los niños olviden los comportamientos de sus padres y desarrollen el amor por su patria, que estudien en colegios públicos, y hay otros que incluso piden que se les eche de la provincia", asegura a Efe Hasan al Elaf vicegobernador de Nínive.
Expertos consultados por Efe han apuntado que, lejos de las autoridades, en el sistema tribal de los árabes suníes de Irak está vigente la práctica de la "diya", el pago de una reparación monetaria a cambio del perdón por haber cometido un delito de sangre, por lo que no se descarta que las tribus derrotadas que se unieron o apoyaron al "califato" estén intentando reintegrarse en la sociedad apelando a este método ancestral.
Mientras tanto, las autoridades no han tomado aún una decisión sobre qué hacer con los hijos, los hermanos, los padres o las esposas de los militantes del EI, sobre los que no pesa ninguna condena judicial, pero sí un estigma que amenaza con perseguirles toda su vida.
Hace unos días, ensayaron ubicar a 160 de estas familias -entre las cuales había varias relacionadas con dirigentes del grupo extremista, dijeron a Efe fuentes de seguridad- en un campamento aislado situado en la comarca de Bartala, a una treintena de kilómetros de Mosul.
Sin embargo, tras denuncias de varias ONG y organizaciones internacionales, se cerraron estas instalaciones y sus inquilinos fueron trasladados a otros dos campamentos de desplazados donde están ubicados otros huidos del conflicto.
Al Elaf justificó la apertura del complejo de Bartala "por temor a actos de venganza por parte de algunos ciudadanos cuyos hijos, padres o hermanos murieron a manos de Dáesh (acrónimo árabe del grupo Estado Islámico)".
La coordinadora general para Irak de la Organización de la ONU para asuntos humanitarios (OCHA), Lise Grande, subrayó a Efe que "los actores humanitarios están muy preocupados sobre la seguridad de las familias supuestamente vinculadas con el EI".
"Estamos preocupados por posibles represalias y venganzas contra las familias; estamos ahora mismo discutiendo esto con el Gobierno para que se garantice que estas familias están seguras y reciben la ayuda que necesitan", concluyó la responsable de la ONU.
Por su parte, la investigadora en Irak de la ONG Human Rights Watch Belkis Wille sostiene que los castigos contra el EI ya han comenzado en otras provincias como Saladino o Babel, donde las autoridades locales o tribales han impedido a los familiares de los yihadistas regresar a sus casas.
"A la gente relacionada con el EI les han dicho que tienen que irse, en algunos casos que un tiempo entre cinco y diez años, otras veces que para siempre, o hasta que la situación se estabilice en Saladino y Babel", aseguró Wille a Efe.
Según ella, este tipo de medidas ya se han tomado contra familiares de primer grado, pero también de hasta quinto grado, "incluso contra familias enteras".
"También se les dicen distintas cosas sobre lo que les ha pasado a las propiedades de la familia: que han sido destruidas o confiscadas y entregadas a víctimas del EI", agregó.
"Nadie los quiere", sentenció Wille, quien calcula que estos familiares "suponen en torno al 10 o el 15 por ciento de la población de los árabes suníes que estuvieron bajo el EI", una cifra que elevaría el número de afectados a unas 300.000 personas, sólo en la provincia septentrional de Nínive, cuya capital es Mosul.
