Durante el debate del Pleno, que echó atrás las enmiendas a la totalidad del PP, PNV y ERC-IU-ICV por 183 en contra, 154 a favor y dos abstenciones, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defendió la necesidad de consensuar la nueva reforma de la ley de extranjería y de aparcar las diferencias partidistas.
Todos los grupos del arco parlamentario recogieron el guante, aunque advirtieron a Corbacho de que habrá que mejorar mucho el texto original del Gobierno y habrá enmiendas en prácticamente todos los preceptos.
Tras calificar la política migratoria de “asunto de Estado”, el ministro de Trabajo e Inmigración pidió el apoyo de los grupos para aprobar una reforma que, ha dicho, consolida la inmigración legal y ordenada y la adapta a las necesidades del mercado de trabajo.
En posteriores declaraciones a la prensa, Corbacho rechazó la afirmación de algún grupo y de distintas organizaciones sociales respecto a que los inmigrantes sin papeles no podrían empadronarse en caso de carecer de papeles y, consecuentemente, se les cerrarían las puertas a la sanidad y a la educación.
Durante su intervención en el hemiciclo, a cuya tribuna de invitados acudieron organizaciones sociales y la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, el ministro recordó los ejes de la cuarta reforma de extranjería que se lleva a cabo desde 2000 y acusó al PP de haber declinado la moderación en favor de intereses partidistas.
Añadió que la iniciativa legislativa se justifica porque en España hay una nueva realidad migratoria –de 800.000 extranjeros en 1999 se ha pasado a 4,5 millones en marzo de 2009– y es necesario “pasar de una ley de extranjería a una ley de inmigración”.
