España trabajará durante su presidencia de turno de la UE en el primer semestre de 2010 para lograr una mayor coordinación entre los países e instituciones europeos en la lucha contra el terrorismo internacional en los ámbitos político, judicial y policial.

Este objetivo del Gobierno es compartido con Bélgica y Hungría, los países que sucederán a España al frente de la UE, según consta en el programa definitivo acordado por este trío de presidencias.

El documento, de 89 páginas, detalla las metas para el próximo año y medio en todas las áreas, destacando la recuperación económica, la lucha contra el cambio climático, el fortalecimiento de la política exterior europea y el control migratorio.

España ha incluido entre estas prioridades el combate contra el terrorismo “en todas sus formas”, en su empeño por hacer frente de forma concertada a la acción de redes como la de Al Qaeda a escala internacional o a la de ETA en el plano interno.

El Gobierno defiende una “respuesta multidisciplinar” en la que estén involucrados todos los socios de la UE, las agencias europeas de seguridad –Europol y Eurojust– y terceros países.

Esta estrategia requiere una mayor coordinación en el intercambio de información e inteligencia para frenar la actuación de los grupos terroristas en ámbitos como Internet.

Las tres presidencias consideran clave extender esta colaboración a la lucha contra el crimen organizado para hacer de Europa un lugar más seguro, “respetando las libertades fundamentales y la privacidad de los ciudadanos”, dice el texto, aprobado esta semana por los Veintisiete en Bruselas.

El programa en trío es una novedad que se inicia con la presidencia española para dar continuidad a determinadas líneas de trabajo en el medio y largo plazo.

En el marco de estas prioridades, España desarrollará las suyas propias, que el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicará el próximo miércoles ante el Pleno del Congreso.

En materia de seguridad y justicia, el objetivo común es avanzar hacia la “armonización” de las legislaciones de cada Estado miembro y el “mutuo reconocimiento” de las decisiones judiciales.

Se propone además la creación de un registro de delincuentes de terceros países y la progresiva interconexión de las bases de información, así como la atención de las víctimas del terrorismo y de la violencia de género.

Respecto a la inmigración, España, Bélgica y Hungría se inclinan por “compartir prácticas de integración” de los inmigrantes y por ir unificando los criterios de contratación laboral y de repatriación para quienes entren ilegalmente, siempre en sintonía con los países de origen.