Además, propone un "compromiso" del Gobierno central y de las comunidades autónomas para "reducir el déficit conjunto de las administraciones públicas de forma que en 2013 se sitúe en el 3 por ciento del PIB", en línea con el Pacto de Estabilidad de la UE y los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.
El documento ha sido entregado a los presidentes autonómicos al final de la primera sesión de la Conferencia de Presidentes, dedicada a evaluar la situación económica, pero no será aprobado si no es por consenso de todos los presentes, tal como señala el reglamento de la propia conferencia que recibió el aval esta misma mañana
El Gobierno pide este "importante esfuerzo de consolidación fiscal" sólo la unos días después de que la agencia de calificación financiera Standard & Poor's (S&P) rebajara la perspectiva crediticia de España de "estable" a "negativa", lo que hizo que el propio Zapatero saliera a defender la calidad de la deuda pública española.
El documento presentado hoy señala que el crecimiento reciente de la deuda y el déficit "responde a una situación económica excepcional" y por ello subraya que "es importante asegurar que ambos se reconducen a niveles sostenibles, tanto para evitar una carga excesiva en presupuestos futuros, como para garantizar la máxima valoración de la deuda pública española en los mercados financieros, con las ventajas que ello supone de menor coste y más fácil acceso a la financiación para todas las administraciones".
Así, pide a Comunidades Autónomas y a Ayuntamientos --estos últimos no están presentes en la conferencia-- un "importante esfuerzo" para que la deuda pública a medio plazo se mantenga en un nivel "sostenible" y "compatible" con el Pacto de Estabilidad de la UE.
El texto explica el reciente aumento del déficit y la deuda públicos porque la crisis ha supuesto una "movilización de recursos públicos sin precedentes", de más de 4 puntos del PIB en 2008 y 2009 y, además, porque a ello se ha sumado "una importante reducción de los ingresos tributarios" y un aumento de los gastos por prestaciones de desempleo. También las Comunidades Autónomas han visto crecer sus gastos sociales y reducidos sus impuestos.
LA DEUDA ES INFERIOR A LA MEDIA DE LA EUROZONA
De este modo, el Gobierno prevé que el déficit público se sitúe en el 9,5 por ciento del PIB en 2009, incluyendo un déficit del 1,5 por ciento en las comunidades autónomas, y una deuda pública del 53 por ciento que, en todo caso, "sigue siendo inferior a la media de la zona euro", recalcó el Ejecutivo.
En este contexto, Zapatero reclamó hoy a los presidentes autonómicos medidas de "austeridad" para cumplir el compromiso de reducir el déficit hasta el 3 por ciento del PIB en 2013 y "mantener la deuda" del conjunto de las administraciones "por debajo del promedio de los países de la eurozona". Además, pide un compromiso de "recuperar la tendencia de recuperar la tendencia de reducción del ratio de la deuda pública en porcentaje del PIB", para "alcanzar y mantener en el medio plazo el límite del 60 por ciento del PIB" que marca el Pacto de Estabilidad.
Para ello, les pide "una política de contención de los gastos de personal" haciendo una política de empleo público "selectiva" y "austeridad" en el aumento de los salarios, además de los "ajustes sectoriales que resulten necesarios" para modernizar servicios públicos básicos como la justicia, la seguridad ciudadana o la lucha contra el fraude fiscal.
EL CPFF SUPERVISARÁ EL ESFUERZO
Asimismo, el documento reclama el compromiso de que las CCAA adoptarán medidas de austeridad, eficiencia y transparencia en el gasto público --con el fin de reducir el déficit-- y propone crear dos grupos de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si sale adelante la propuesta, uno de los grupos elaborará un "acuerdo marco que permita el seguimiento de las actuaciones destinadas a reducir el déficit".
El segundo de los grupos elaborará propuestas de mejora de la eficiencia de los servicios que prestan las comunidades autónomas y "mecanismos de colaboración" para mejorar la calidad de los servicios públicos, sobre todo de la sanidad y la atención a las personas dependientes.
Por último, el documento pide a las Administraciones que elaboren un plan de actuaciones para reducir los plazos de pago de sus operaciones comerciales "y la consecuente morosidad", incluido un informe trimestral sobre el cumplimiento de estas obligaciones.
