La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, adelantó que el Ministerio del Interior estudia la aplicación de “beneficios o incentivos” para los agentes destinados en el Campo de Gibraltar pero el Gobierno no detalla el alcance de este anuncio, realizado el pasado 10 de octubre en Tarifa, durante su intervención en un acto militar que tuvo lugar en Tarifa con motivo de los actos por la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del instituto armado.
Cuestionado al respecto por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en su condición de senador, el Ejecutivo responde que “ante el próximo vencimiento (del Plan Especial de Seguridad 2020-2021 para la comarca, vigente hasta el próximo 31 de diciembre), y positivo balance de desarticulaciones de grupos criminales y de las cantidades de droga aprehendidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se informa que desde el Ministerio del Interior se han inicado los trabajaos para actualizar la citada instrucción, teniendo previsto una dotación presupuestaria para el ejercicio 2022 destinada a inversión en medios materiales y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia de 10,8 millones de euros, adicionales a los recursos materiales invertidos en los años anteriores”.
Landaluce preguntó, asimismo, si el Ejecutivo incluiría a jueces y fiscales, por un lado, y al personal de Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Hacienda, por otro.
Pero el Gobierno tampoco lo aclara. Representantes de los colectivos aludidos por el senador del PP, no obstante, dan por hecho que quedarán fuera de cualquier medida como hasta ahora.
Fuentes de la Asociación de Funcionarios de Vigilancia Aduanera (AFVA) y el fiscal jefe de Área en Algeciras, Juan Cisneros, lamentan “la discriminación” por parte del Ejecutivo y denuncian sentirse desamparados, pese a la carga de trabajo que soportan en la lucha contra el narcotráfico, las presiones a las que están sometidos por la responsabilidad que desempeñan y la falta de recursos humanos. No es una cuestión salarial, remarcan, sino de reconocimiento a su labor y como instrumento de arraigo funcionarial.
“El 80% de los agentes que llegan a Algeciras, se marchan”
El trabajo a bordo de una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera es desbordante. En tierra, también. A principios de semana, una operación conjunta con la Policía Nacional permitió intervenir más de 600 kilos de cocaína y desmantelar un entramado empresarial con base en Jerez dedicado al tráfico de cocaína en España que se servía del Puerto de Algeciras para introducir el estupefaciente junto con mercancía legal. “El otro día aprehendimos 20 petacas en El Tonelero, en La Línea, y ayer (por el miércoles) otras 120”, relatan fuentes de la Asociación de Funcionarios de Vigilancia Aduanera (AFVA). Las persecuciones, con el riesgo que entrañan, “son a diario”, agrega.
Sin embargo, los trabajadores no cuentan con el debido reconocimiento por parte del Gobierno. La razón esgrimida es que dependen del Ministerio de Hacienda, no del Interior, que es el que puso en marcha el Plan Especial de Seguridad 2020-2021 para el Campo de Gibraltar. “Aparecemos en el documento en un anexo remarcado la importancia de las labores de coordinación”, precisan las mismas fuentes, pero esta responsabilidad no se traduce en ningún tipo de incentivos.
“Trabajamos en la base más puntera de toda España y líder en incautaciones de droga en toda Europa por funcionario y, sin embargo, estamos totalmente desamparados”, lamentan. También se sienten discriminados. “El Ministerio de Hacienda sí contempla indemnizaciones por residencia en regiones como las Islas Canarias o las Baleares, o en determinadas zonas como el Valle de Arán, pero nosotros no recibimos nada en absoluto pese a trabajar en condiciones muy delicadas”.
Al respecto, admiten que existe presión social sobre sus familias y parte de la opinión pública “nos considera unos asesinos”. El incentivo no es una reclamación económica, remarcan. “Por un lado, es necesaria para que nuestra labor sea debidamente reconocida; pero la clave está en que sirve como instrumento de arraigo funcionarial”. Con una plantilla de 140 efectivos, cada año recalan en Algeciras una nueva promoción que abandonará el destino al final del ejercicio en una proporción superior al 80%. “El peso de la formación y la planificación recae en una docena de agentes porque la rotación impide implicar a un mayor número de trabajadores; se van”, explican.
“Nadie discutía el plus para un fiscal en el País Vasco en los 80”
Nadie discutía en los ochenta que un fiscal con plaza en el País Vasco cobrara un incentivo económico. Pero en el Campo de Gibraltar, ni estos ni los jueces perciben un céntimo más en la actualidad pese al volumen de trabajo que soportan y la inseguridad con la que ejercen porque la zona es plataforma logística del narcotráfico.
El fiscal jefe de Área de Algeciras, Juan Cisneros, remarca que sí perciben un complemento los destinados a Ceuta y Melilla o las Islas Canarias. Y compañeros en Cataluña están reclamando igualmente algún tipo de compensación dada la problemática política y la presión que están sufriendo. “Ni tan siquiera sería necesario que el Gobierno estableciera un plus”, explica.
“Basta -continúa- con que se acutalicen las retribuciones”. Estas dependen de los grupos poblacionales. De manera que un fiscal en Jerez o en Cádiz tiene una nómina superior a la de un fiscal en la comarca por el número de habitantes sin que tomen parte de manera directa y en la misma proporción en la lucha contra el narcotráfico.
Pero, como también indican los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, no es una cuestión monetaria la que está sobre la mesa. “El trabajo ha aumentado mucho porque lo que determina la carga es el control social”, que ha aumentado exponencialmente gracias al incremento de las dotaciones policiales. “No ha sido flor de un día, por suerte” y crecen las detenciones, se incauta una mayor cantidad de droga” y las causas se amontonan junto a otros procedimientos porque, tal y como subraya, “la gente aquí también se divorcia, le echan del trabajo, es víctima de la violencia de género” y precisa, por lo tanto, de la justicia.
“Tengo una plantilla de 22 fiscales actualmente y es bastante justita porque la comarca es como una provincia”, lamenta. De ellos, tres están encargados de asuntos del narcotráfico, pero oficialmente solo está designado uno y, en total, hacen falta cinco. En un día, se pueden evacuar hasta una treintena de escritos de acusación de transporte de droga en el cuerpo desde Ceuta. “El problema es cuando entran causas con 50 tomos que llevan aparejado estudios de las estructuras económicos de organizaciones criminales para blanqueo”. “Sería de ayuda contar con un cuerpo específico de la Agencia Tributaria vinculado a la justicia para agilizar estos asuntos”, plantea finalmente.
