La responsable de Empleo de Diputación, Ana Carrera, aclaró esta semana que todos los expedientes de subvenciones a la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) cuestionados por la Intervención Provincial en un demoledor informe del pasado mes de febrero están “concluidos y certificados”, negó que hubiera actuaciones en las que “los hechos acreditados pudiesen ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la existencia de responsabilidades contables”, e informó de un Plan de Acción para corregir estas deficiencias y mejorar el control.
Pero el documento de la Intervención no deja lugar a dudas sobre la nefasta gestión por parte de la organización que preside Javier Sánchez Rojas de las ayudas recibidas. Como conclusiones generales, advierte de la dificultad de hacer un seguimiento de los fondos públicos por la maraña de convenios y adendas; considera innecesario dar dinero a la CEC para que lo distribuya por medio de convocatorias de subvenciones sin la debida publicidad, dado que eso lo puede hacer directamente la institución provincial y con todas las garantías de concurrencia; y finalmente se opone al pago por adelantado de las ayudas, algo que se hacía habitualmente porque la CEC aseguraba que no tenía capacidad económica para ejecutar los programas financiados.
El órgano fiscalizador detectó deficiencias en las tres líneas de actuación para las que Sánchez Rojas obtuvo 3,5 millones de euros entre 2017 y 2019: unidades de fomento empresarial, formación y ayudas a la contratación.
La Intervención cuestiona ayudas a empresas sin publicidad y concurrencia
Entre las subvenciones percibidas por la CEC, la Interventora analiza una por importe de 220.000 para el desarrollo de un Programa de Fomento de las Contrataciones en la provincia de Cádiz, que pretende incentivar la tasa de contratación laboral concediendo la organización ayudas a empresas. El plazo inicial de ejecución es entre el 20 de junio y el 30 de noviembre, pero se amplía un año.
El órgano fiscalizador comprueba, en primer lugar, las “escasas publicaciones realizadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)” por parte de la CEC para dar publicidad a estos incentivos y “estas consisten en la remisión a la web” de la entidad que dirige Javier Sánchez Rojas.
Considerando el papel que se le otorga a la CEC en el reparto de fondos públicos, Intervención apunta que, “para posibilitar un mayor control y transparencia, así como una mayor publicidad, objetividad y concurrencia debiera plantearse la posibilidad de gestionar directamente la subvención desde la Diputación”.
Con respecto a las bases reguladoras y convocatoria pública para la concesión de ayudas a la contratación laboral elaboradas por la CEC, la Intervención detecta “varias incoherencias” como la justificación para la no utilización del procedimiento de concurrencia competitiva.
Y, en cuanto a la tramitación, aprecia que “para la distribución de estas entre las empresas solicitantes el único documento que obra en el expediente es el de la solicitud de la ayuda, sin que conste otra documentación al respecto”.
Entre las empresas beneficiarias, destacan David Vega, con 7.000 euros, y Manufacturas Marsanpiel, con una ayuda de 3.500 euros. Pero la Intervención analiza concretamente las concedidas a Hablacom, por un importe de 12.425 euros, y a Itapuan, por un total de 1.750 euros, concluyendo que en Hablacom S. L. aparecen como copropietarios y administradores solidarios Manuel Ángel Queiruga Delgado, presidente de Cádiz Centro Comercial y vocal del Pleno de la Cámara de Comercio de Cádiz, y José Andrés Santos Cordero, vinculado igualmente a la CEC y a la Cámara de Comercio de Cádiz.
Ambos aparecen igualmente como copropietarios en Itapuan S. L. y Manuel Ángel Queiruga Delgado como administrador único. Según el informe del pasado mes de febrero, el Área de Empleo estaba procediendo a realizar actuaciones tendentes a clarificar cuestiones relativas a la actividad de las empresas y del trabajo que justifica la ayuda.
La CEC admite que carece personal propio con la capacidad para impartir formación y subcontrata el servicio
La CEC recibió 358.157,45 euros para la formación específica de 100 beneficiarios entre febrero de 2017 y, tras una ampliación del plazo de ejecución, marzo de 2018. La Intervención Provincial concluye que los indicadores de seguimiento del proyecto “tan solo detallan las personas beneficiarias”, pero no valora su utilidad, “la efectiva realización del curso y su efectiva incidencia positiva en el desarrollo social y económico”.
Además, advierte de que, en relación a los beneficiarios, no coincide el número registrado en la memoria (101) con el relacionado en los partes de asistencia (97). Asimismo, indica que se justifican 190.751,08 euros en becas para los asistentes al curso, pero subraya que en el convenio no se estipulan las condiciones de percepción ni el importe que corresponde a cada una de ellas.
De esta manera, analizando la documentación aportada, “se constata que se establece una cantidad mensual bruta de 399,38” repartida según criterios que no quedan previamente establecidos y dando como resultado una disparidad del importe que recibe cada alumno.
Finalmente, la Intervención, apunta que “la CEC reconoce que carece de personal propio con la capacidad y habilitación suficiente para desarrollar e impartir la formación teórica específica y transversal”.
Si bien la organización empresarial puede subcontratar este servicio, el órgano fiscalizador explica que supera el importe de 60.000 euros y el 20% del importe de la subvención, de manera que debería haberse aportado autorización. Según la documentación aportada por la Diputación Provincial, la organización que dirige Javier Sánchez Rojas devolvió de esta ayuda en torno a 80.000 euros.
La CEC solo entrevista a beneficiarios de cinco cursos sin valorar de otra modo la adecuación de los perfiles
La Intervención advierte, en uno de los expedientes analizados, de numerosas irregularidades en la subvención de 245.948,08 euros para la puesta en marcha de las unidades de fomento de empleo (UFES) entre mayo de 2017 y diciembre de ese año, aunque con posterioridad se amplía el plazo hasta marzo de 2018.
Entre las deficiencias anotadas, apunta la suspensión de al menos tres acciones formativas previstas y señala que la entrevista personal es el único elemento de selección de beneficiarios en cinco de los cursos. “Se debe considerar la posibilidad de llevar a cabo un método de selección que priorice la necesidad del candidato y la adecuación de su perfil a la actividad formativa solicitada”, propone.
Por otro lado, la CEC no concreta los requisito para otorgar becas, algo que “debería estar preestablecido en la convocatoria”. Finalmente, respecto al gasto de personal, 18 empleados, la Intervención señala que “no se refleja en las nóminas la antigüedad en la empresa de los trabajadores” e incluyen gastos de desplazamientos como pluses, siendo este un coste no salarial. Con respecto a las pagas extras, se establecen dos prorrateos, pero “hay meses que no se incluyen y otros que se encuentran solapados”.
