El Grupo Stop Desahucios del Movimiento 15M de Granada ha considerado "ilegal" y "desproporcionado" el desalojo este viernes de una mujer, víctima de malos tratos, y de su hijo de 13 años, de la vivienda en la que hasta ahora vivían en alquiler en la calle Bernarda Alba del barrio granadino del Zaidín, de la que tendrán que desalojar sus cosas en 24 horas.
Teresa Lechuga se enfrentaba este jueves a la segunda orden de desalojo de su vivienda por impago del alquiler y hasta las puertas de su domicilio han acudido a la convocatoria del grupo cerca de 200 personas, muchas de ellas vecinos del barrio, que se han solidarizado con esta familia a través de su presencia en el lugar desde las 8,00 de la mañana. Una vez la Policía y la comisión judicial han desistido en el intento de ejecutar el desalojo, fijado a las 9,00 horas y han abandonado el lugar, se ha disuelto la concentración en torno a las 12,30 horas, momento "aprovechado por los agentes para llevar a cabo el desahucio y cambiar la cerradura de la vivienda".
José Iglesias, abogado y miembro del grupo Stop Desahucios, ha mostrado su rechazo a la forma de la que se ha ejecutado el desalojo y ha afirmado que "las actuaciones judiciales tienen que ajustarse al día y la hora señalados". Así, en un comunicado remitido por el 15M ha censurado lo que considera una "maniobra ilegal" por parte del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Granada y ha anunciado que se estudiarán medidas, entre las que cabría denunciar al juez ante el decano de Granada y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Ana Guardia, de Stop Desahucios, ha recordado que el 15M ya se concentró frente a este inmueble el pasado 12 de marzo, logrando frenar el desalojo de Teresa. Esta vecina del barrio del Zaidín es víctima de violencia de género y dejó de abonar el alquiler a causa de impagos por parte de la empresa en la que trabajaba antes de que fuera despedida.
Guardia ha explicado que la inquilina recibió el viernes pasado la segunda orden de desahucio y ha criticado que entre ambos hayan pasado "tan sólo nueve días". "Tras el primer intento, habíamos pedido al juez más tiempo para buscar una solución y que esta familia no se quedara en la calle", ha dicho, para después añadir que el secretario del juzgado número 4 de Granada se volvió a negar esta semana a recibir a Stop Desahucios. "Pedimos a la justicia la misma rapidez para que se arregle en conflicto laboral con la empresa", ha indicado.
El grupo del 15M ha calificado este desahucio, evitado en un primer momento, como "mucho más duro" que el intento anterior y ha relatado como desde las 6,30 horas de este jueves un cordón policial "desproporcionado" ha cortado los accesos a la calle de la vivienda. Hasta este lugar han acudido cinco furgonetas de la Policía Nacional y más de medio centenar de agentes, según el 15M.
Guardia ha denunciado "agresiones" por parte de las fuerzas de seguridad, que han propinado "codazos, empujones y puñetazos" cuando tras pasar la comisión judicial el cordón, los concentrados han intentado hacer lo mismo para evitar la ejecución del desahucio.
Después de este episodio, Guardia ha explicado que la comisión judicial, junto al cerrajero, ha llegado hasta el portal, en cuyo interior estaban 20 manifestantes que habían pasado la noche en casa de Teresa. En este punto, la comisión ha desistido en su intención y ha decidido no llevar a cabo el desahucio. Sin embargo, la Policía Nacional ha detenido, "agarrándole del cuello, aprovechando la confusión y sin motivo aparente" a una de las personas concentradas fuera del cordón policial.
Desde el 15M se ha criticado la "desproporcionada" actuación de los agentes, que "se repite cada vez que acuden a este tipo de concentraciones bajo el mismo mando policial al que hoy obedecían". Así, el 15M ha negado que se produjera agresión alguna a los policías, lo que ha asegurado "puede comprobarse en las imágenes que están difundiendo los medios de comunicación". Por ello, ha relacionado la detención con "un intento de presentarse como víctimas" por parte de la Policía, táctica que según han asegurado no es la primera vez que usan para "criminalizar las acciones del movimiento".
