El PSOE ha acusado este jueves de "inacción" al alcalde de Alhendín (Granada) y diputado provincial, Francisco Pedro Rodríguez Guerrero (PP), en lo que respecta al 'caso Marchelo', sobre supuesta corrupción urbanística en el municipio y que se destapó en 2007, por su "complicidad" con los imputados, una quincena de personas entre las que se encuentran, entre otros, empresarios, técnicos y el exalcalde de la localidad, José Guerrero, tío del actual regidor.
En rueda de prensa, el diputado socialista Miguel Ángel Gamarra y el portavoz del grupo municipal del PSOE, Gonzalo Montufo, han denunciado en rueda de prensa lo que consideran "el cerrojazo cómplice" del gobierno local con los hechos ya que, según han criticado, "no solamente no hace, sino que no busca la verdad porque no le interesa como tampoco recuperar el patrimonio expoliado".
En este sentido, los representantes socialistas han lamentado que el PP y el alcalde actúen más como defensa que como acusación y les han exigido que aclaren si están por la defensa de los intereses de los ciudadanos o por la defensa de los empresarios.
Tras incidir en que la instrucción se prolonga ya durante más de nueve años, Montufo ha defendido que durante su gestión como alcalde en el mandato 2007-2011 se afrontaron los problemas "heredados" de este caso de corrupción y se intentó solventarlos, si bien ha señalado que la magnitud de los escándalos sigue siendo muy latente y siguen pagándola los vecinos y vecinas del municipio.
Por el contrario, los últimos años de gobierno del Partido Popular vienen marcados justamente por lo contrario. "No han tomado ni una sola decisión para solucionar y avanzar en la exigencia de responsabilidades a los imputados, para colaborar en la instrucción de la causa o para intentar esclarecer los hechos", ha denunciado.
Esto se materializa, ha indicado, en decisiones como la de sustituir, al principio del mandato, a la representación legal de la que disponía el Ayuntamiento de Alhendín por otra representación jurídica "emparentada de manera directa" con una concejal del PP y con el propio Partido Popular.
ÚLTIMAS DECLARACIONES
El representante socialista se ha referido a una de las causas investigadas de mayor trascendencia y objeto de las últimas declaraciones en sede judicial como fue la autorización del desvío del arroyo Marañón o Barranco de la Calera, un cauce público, para permitir a una constructora la edificación irregular de viviendas (Novosur). Ese desvío ilegal del cauce fue avalada con sendos acuerdos plenarios en 2006 con el voto a favor del actual alcalde, entonces concejal en el gobierno popular, y con el rechazo del PSOE.
Las últimas declaraciones judiciales de los imputados, ha recordado por su parte Gamarra, "han dado la razón al PSOE y evidencian una vulneración flagrante de la normativa urbanística". "Los concejales que en su día votaron ese acuerdo son tan responsables como los que hoy están declarando en el juzgado", ha agregado.
Tras reiterar "el daño para los intereses municipales" que supuso el desvío de un barranco destinado a la construcción de viviendas, sin que se produjera además ningún pago "justo" por parte del empresario, Gamarra ha mostrado un informe jurídico que concluye que el cauce del barranco es un bien de dominio público, categoría que sigue manteniendo a día de hoy al no haberse llevado a cabo la oportuna desafección. Por ello, nueve años después, sigue existiendo una vulneración manifiesta de la legalidad y un dominio público invadido por las edificaciones ante la pasividad del gobierno del PP, ha subrayado.
Gamarra ha criticado que la "complicidad" del gobierno local está "medida y calculada", ya que el PP y el alcalde "no buscan la verdad, sino el cierre en falso del mayor caso de corrupción en la provincia de Granada".
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alhendín y candidato socialista, Gonzalo Montufo, ha lamentado que su municipio siga apareciendo en las noticias por episodios de corrupción como este. Por ello, ha afirmado que, en caso de acceder a la Alcaldía, "peleará" con su equipo por poner fin a este caso lamentable y por dotar de seguridad jurídica a todos los vecinos afectados por este escándalo urbanístico.
