La Fiscalía ha pedido siete años de prisión para tres acusados de supuestos delitos de prostitución coactiva y contra la salud pública en un piso de Granada capital, en que habrían obligado a una chica original de Paraguay a prestar servicios sexuales con mensajes amenazantes como "por no tener papeles te van a caer cinco años de cárcel".
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, este piso era regentado por una mujer, de 45 años y nacionalidad paraguaya, y un hombre, de 44 años y nacionalidad rumana, quienes "indicaban los tipos de servicios que debía prestar a los clientes" la chica, que es testigo protegido en esta causa. También habrían controlado "sus tarifas, formas y momento de pago" así como "horarios laborales" y "la actividad que realizaba".
La testigo contaba con un día de descanso a la semana, pernoctaba en el piso y debía trabajar "a cualquier hora del día o de la noche", hace constar el fiscal, que especifica también que "cobraba el 50 por ciento" de unas tarifas que iban desde los 35 euros por 15 minutos hasta los 150 euros más 20 de taxi por salidas.
Aunque aceptó "voluntariamente" estas condiciones, en un piso en el que estuvo desde 2013 hasta principios de 2016, lo hizo por "la especial vulnerabilidad que presentaba derivada de su precaria situación económica" y por la "estigmatización" que en Paraguay supone el ejercicio de la prostitución.
Ante ello, los dos principales acusados, que han estado en prisión provisional por estos hechos desde el 16 de septiembre de 2016 hasta el 23 de septiembre de ese mismo año, en el caso de la acusada, y hasta el 15 de febrero de 2017, el segundo, ejercían "coacción" sobre la testigo con insultos y expresiones como "la Policía de Granada es mi amiga, si te vas, te los voy a mandar".
Igualmente, "le proporcionaban cocaína para que pudiera realizar jornadas de más de 20 horas y para que consumiera con los clientes". Estos dos acusados tenían el 14 de septiembre en la casa cuatro dosis de cocaína, droga que era "suministrada" por el tercer acusado, de 37 años y nacionalidad rumana, quien "la ocultaba en su vivienda" en Armilla, y que, "además, la vendía a terceras personas no vinculadas con el prostíbulo".
Por ello, el fiscal solicita para él una pena de siete años de prisión por la presunta comisión de un delito continuado contra la salud pública, y multa de 620 euros. En cuanto a quienes regentaban supuestamente el prostíbulo, las penas solicitadas son de tres años por prostitución coactiva y de cuatro años por el supuesto delito contra la salud pública, junto con multas por un total de 4.700 euros.
Está previsto que estos hechos sean enjuiciados entre los próximos días 15 y 17 de enero de 2019 en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.
