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Veiasa refuerza su plantilla con el fin de acortar plazos de espera en las ITV

Los retrasos en los últimos meses, debido a la pandemia, han llegado a ser de hasta más de cuatro meses

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  • Los retrasos para pasar la ITV han sido una constante durante los últimos meses.

La empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (Veiasa), adscrita a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, va a reforzar su plantilla con 431 contrataciones de inspectores, que permitirán agilizar la cifra de vehículos pendientes de inspección como consecuencia de la coyuntura sanitaria que se arrastra desde marzo de 2020.     

Estos contratos, cuya formalización ya ha comenzado, se sumarán a los más de 270 suscritos entre los meses de enero y febrero de este mismo año, realizados con arreglo a la antigua bolsa de trabajo, y que permitieron estabilizar el calendario de días de espera.     

El pasado mes de abril se activó una nueva bolsa de inspectores, una herramienta más moderna, ágil y eficaz que la anterior, que pone a disposición de la empresa a 1.399 profesionales, permitiendo dar un paso más en el objetivo de acortar los periodos de espera para las inspecciones.     Así, Veiasa ha activado la contratación de 431 nuevos inspectores, un proceso que se estructurará en dos fases: una primera de 292 contratos, con incorporación progresiva hasta el 7 de junio, y una segunda de 139 profesionales, que se incorporarán antes del 14 de junio. La primera fase, que comenzó la semana pasada, permitirá disponer de 292 nuevos inspectores incorporados a líneas. De ellos, 20 se destinarán a estaciones de la provincia de Córdoba. La segunda, que se va a llevar a efecto progresivamente durante la primera quincena de junio, facilitará que otros 139 inspectores refuercen el servicio en las estaciones. De ellos, 17 se incorporarán en la provincia de Córdoba. Por tanto, entre las dos fases se van a producir 37 contrataciones en Córdoba.     

Con esta nueva dotación de personal, Veisa prevé diluir la bolsa de vehículos acumulados por el estado de alarma, el cese de actividad durante dos meses y las sucesivas prórrogas  decretadas por el Gobierno central para los automóviles afectados.

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