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Jueves 08/12/2022  

El jardín de Bomarzo

El espíritu de las leyes

Inimaginable es que la Ley conocida por Solo sí es sí esté implicando revisiones de condena a la baja y libertad de condenados por delitos sexuales

Publicado: 18/11/2022 ·
14:28
· Actualizado: 18/11/2022 · 14:28
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Bomarzo

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"No es verdadera ni buena aquella Ley que no tiene por madre a la sabiduría y por padre al intelecto racional". Giordano Bruno.

 En las próximas horas, salvo que la Audiencia amplíe a tres meses el plazo como se ha solicitado, se producirá un hecho histórico e inimaginable hace unos años con la imagen del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán entrando en prisión, al que acompañarán otros siete ex altos cargos de su etapa: la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, el ex vice consejero de Innovación Jesús María Rodríguez y el ex vice consejero de Empleo Agustín Barberá. Elude prisión, de momento, Juan Márquez, ex director general de Trabajo, a quien se suspende ingreso por tener una pena menor, y la evita Gaspar Zarrías, que con la misma habilidad que gobernó le hace un quiebro al yugo de la justicia pese a que el origen de las ayudas irregulares comenzase en Jaén, su provincia.

E igual de inimaginable es que la Ley conocida por Solo sí es sí esté implicando revisiones de condena a la baja y libertad de condenados por delitos sexuales. La Ley entró en vigor el pasado octubre y ya ha habido cinco casos de revisión a la baja y se anuncian más. La alarma social es obvia, no se entiende que una Ley que pretendía endurecer los comportamientos delictivos de índole sexual contra menores y mujeres y protegerles de mejor forma esté provocando que salgan en libertad los delincuentes al rebajárseles la condena. En un asunto tan jurídico resulta complicado entender qué ha ocurrido y más con la disparidad de versiones políticas que nos están dando. De forma resumida y clara: la nueva Ley elimina la distinción entre abuso y agresión sexual, de tal forma que todo acto sexual que se produzca sin consentimiento queda englobado en el delito de agresión sexual y, además, en dicho delito se incluyen nuevos actos que antes no estaban penados, como, por ejemplo, el acoso en la vía pública o en transportes públicos. Lógicamente al establecerse ahora un sólo tipo de delito en el que entran muchos tipos de comportamientos, con muy distinta gravedad, la Ley rebaja el mínimo de años de las penas, manteniendo el número máximo de años. Esto, unido a que en España está establecido que siempre se aplicará a los reos la Ley más favorable, implica que los juzgados estén revisando las condenas y quienes estaban cumpliendo la fijada en su grado mínimo, como ahora el mínimo es de menos años, si ya los han cumplido puedan quedar libres. Todo porque la nueva Ley no contempla una Disposición Transitoria que regule cómo ha de aplicarse su retroactividad. 

Un claro caso de las consecuencias de la politización extrema de la elaboración de las Leyes, que hace que el objetivo político les ciegue, se actúe bajo la urgencia y, además, no se mire las consecuencia a la contra que provocan. Porque este Estado de Derecho, en ocasiones, se camufla, se transforma, se distorsiona ante un objetivo político.

 Otro caso de reforma legal politizada es la propuesta de desaparición en el Código Penal del delito de sedición, que tiene ahora una pena de hasta quince años y se usó para condenar a los líderes del Procés con hasta trece de prisión, para sustituirlo por un delito de desórdenes públicos agravados con una pena máxima de cinco años y reducción de inhabilitación a un máximo de ocho y, a la vista de lo ocurrido con la Ley de Irene Montero, tendrán que dejarse asesorar bien por expertos jurídicos y no cegarse por el acuerdo político. Aún más delicado y conflictivo puede ser la reforma del delito de malversación de caudales públicos, sobre la que también está trabajando el Gobierno de Pedro Sánchez. La finalidad, parece, es eliminar este delito en los casos de sedición, pero al abrirse la puerta de la reforma se empieza a plantear que los delitos contra la administración pública deben revisarse porque en el caso de malversación no puede tener la misma condena quien la ha cometido para obtener un beneficio propio, quien lo ha hecho para beneficiar a un tercero y aquellos que usaron el dinero público para otra necesidad de la administración sin que por ello nadie se vea beneficiado. 

Distintos supuestos que deberían tener diversa graduación penal. Actualmente, eso depende del juez o tribunal de turno, lo que produce diferencias de trato con políticos enjuiciados por cuanto la regulación en el código penal es tan amplia y genérica que cabe todo, ya que el hecho delictivo es que una autoridad o funcionario actúe contra el patrimonio público. Por ello, para evitar los criterios judiciales tan dispares con los distintos políticos encausados es necesario reformar este y el resto de delitos contra la administración pública, endureciendo todo aquello que tenga que ver con la corrupción, pero también graduando los comportamientos que no implican un lucro personal para quien lo ha cometido y, aún más, aquellas actuaciones que en nada tienen que ver con corrupción, tanto como diferenciar aquellos actos que podrían encauzarse por irregularidad administrativa. Esta reforma debería abordarse pero no con fines políticos, sino estrictamente con criterios jurídicos, porque un error en su regulación podría tener efectos no deseados aún peores que la dispar aplicación de la justicia que se viene dando.  

 Momentos convulsos a cuenta de una Ley política con consecuencias contrarias a su objetivo; unos echando la culpa a otros, ministros entre sí, ministra contra los jueces, jueces contra la ministra y la oposición con argumentos fáciles para el ataque. Todo ello porque en España no funciona el principio de la división de poderes que planteó Locke y desarrolló Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, que definía un sistema político que garantizaba la independencia de las funciones de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, con controles entre ellos. Nada que ver con la realidad politizada de este sistema nuestro en el que no sabemos dónde empiezan y terminan las injerencias entre uno y otro, mientras la ciudadanía cada día se siente más alejada de un mundo político difícil de entender.

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