"La Delegación del Gobierno ya ha solicitado que se abre una investigación hasta las últimas consecuencias ante estos hechos graves en los que se han vulnerado los derechos de las personas, y pedirá que se actúe con rigor para depurar las responsabilidades existentes. Existe una obligación importante de custodiar este tipo de documentos y llegado el caso, y si no se toman las medidas necesarias, la misma Delegación del Gobierno presentará la denuncia correspondiente".
La Junta de Andalucía ha manifestado a través de un comunicado de prensa que "no tiene entre sus responsabilidades" la guardia y custodia o el movimiento de los expedientes o documentación en el proceso de traslado a las nuevas dependencias judiciales de San Fernando. Tampoco se ha encargado de eliminar documentos porque no ha habido ninguna petición oficial al respecto para hacerlo bajo los protocolos reglados.
Como marca la normativa, cuando se produce una eliminación de archivos judiciales se sigue un protocolo muy estricto de expurgo que tiene todas las garantías y a través de empresas especializadas en esta tarea.
Para que se produzca la eliminación de expedientes judiciales antiguos debe decidirlo la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para impulsar la gestión de este proyecto mediante el análisis y ordenación de toda la documentación susceptible de ser eliminada o conservada.
La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.
Una vez se ha tomado esa decisión, los expedientes a eliminar son recogidos por una empresa especializada que utiliza los protocolos más exigentes de destrucción. Así, está protocolizado que los trozos que resultan no sobrepasan los 3mm de un lado y 4mm de otro.
En ninguna sede judicial se traslada o elimina papel por parte de esta administración si no es bajo esos estándares y esas garantías, por lo que tampoco se ha tenido relación con esos expedientes hallados en San Fernando ya que nadie nos ha pedido la “eliminación de papel” en estos días.
"A tenor de lo ocurrido, los funcionarios de la Consejería de Justicia solo se van a hacer cargo de la recogida de esta documentación que ya ha sido retirada de la calle por la Policía Local de San Fernando si así nos lo solicitan por escrito los secretarios judiciales (dependientes del Ministerio de Justicia), y bajo los protocolos y formatos que nos establezcan ellos que son los responsables de la custodia de esos documentos", afirma.
