Un grupo de arquitectos colegiados ha denunciado que el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) ha gastado 223.678 euros en peritos para tres denuncias presentadas contra la anterior junta directiva, dos de ellas archivadas “en firme”, una cifra que han calculado a partir de las tarifas de mercado porque, hasta la fecha, la decana Cristina Murillo, nunca les ha facilitado el coste de la contratación de estos profesionales a pesar de las “reiteradas” peticiones.
Según han expuesto en una nota de prensa, los 223.678 euros que se aportan como estimación son “el resultado del estudio de los expedientes judiciales de las tres denuncias presentadas en los últimos años ante los Juzgados de Instrucción número 2, 15 y 17 de Sevilla”, que incluye el número de peritos, los informes elaborados y el tiempo dedicado, aplicando las tarifas de mercado.
Dos de las tres denuncias presentadas contra la anterior directiva del COAS han sido archivadas definitivamente, en concreto las interpuestas por una supuesta manipulación de actas y alteración de los registros del Colegio, y otra por administración desleal, delito societario y falsedad documental en la gestión de la Fundación para la Investigación y la Difusión de la Arquitectura en Sevilla (FIDAS), de la que es patrono el propio Colegio. La tercera denuncia, aún está pendiente de recurso, según explican.
La Audiencia Provincial dijo claramente en el auto de archivo definitivo de una de las denuncias que "no se puede pretender sostener una denuncia penal solo con peritos de parte". Fuentes del anterior equipo de gobierno del COAS consideran que este reproche judicial demuestra que “se emprendió una causa general contra ellos por parte de la actual decana sin tener ningún fundamento”, y que para tratar de sostener las denuncias infundadas no se dudó en emplear “una cantidad absolutamente escandalosa del dinero de todos los colegiados”.
“Los colegiados, preocupados por estos costes económicos, y por la imagen de la profesión, acusan a la decana y a su junta directiva de falta de transparencia, al ignorar sistemáticamente las peticiones para que se hicieran públicos los costes de los peritos para las denuncias que ha perdido el Colegio”, exponen, añadiendo que las solicitudes de información se han trasladado tanto por escrito ante el Registro del Colegio, como de forma verbal en las asambleas, sin que Cristina Murillo haya respondido a ninguna de ellas.
Miembros de anteriores equipos directivos recuerdan en la nota de prensa que en julio del año pasado una sentencia condenó a la decana a repetir las elecciones “por alterar el sistema de voto por correo contemplado en los estatutos del Colegio, decisión que recurrió el COAS y sobre el que aún no hay un pronunciamiento definitivo”.
Según este grupo de colegiados, las noticias publicadas en los medios de comunicación sobre estos archivos judiciales de las denuncias presentadas por la actual junta directiva contra sus antecesores no se han incluido en el dossier de prensa semanal que se envía a los colegiados, por lo que estos arquitectos consideran que “se está practicando una censura informativa intolerable en democracia, con el fin de tapar el despilfarro del dinero de los arquitectos sevillanos en una campaña de Cristina Murillo para intentar manchar nuestra honorabilidad, basada exclusivamente en la animadversión personal”. Por todo ello, piden que la decana “dé explicaciones sobre por qué está dilapidando los recursos del Colegio en denuncias falsas” y le exigen “que asuma sus responsabilidades”.
