El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe demoledor sobre la Mancomunidad de Los Alcores y la planta de tratamiento de residuos urbanos de Montemarta-Cónica que gestiona Aborgase en Alcalá de Guadaíra en el que detecta hasta 50 irregularidades, empezando por la ausencia de licitación de la concesión de la planta de gestión de residuos sólidos urbanos y terminando por la nula rendición de cuentas de una mancomunidad que ni siquiera recibe el 90% del coste de los servicios que presta a los ayuntamientos, que pagan directamente a la concesionaria, es decir, a Aborgase.

La Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas instaba el pasado 28 de junio a la Mancomunidad de Los Alcores, que gestiona los residuos sólidos urbanos de 42 municipios de la provincia, incluidas la capital, Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra, a “asumir” el contenido, conclusiones y recomendaciones de un informe de fiscalización demoledor, referido al periodo 2017-2019, sobre el funcionamiento de la entidad y, especialmente, de la situación de la planta de Montemarta-Cónica.

La primera conclusión es tajante: No se puede fiscalizar la gestión de la Mancomunidad por no aportarse la documentación solicitada; por ausencia de secretaria; por carencia de estudios de costes para determinar el precio público para la prestación del servicio de recogida selectiva; porque la mayoría de los ayuntamientos abonan la facturación directamente a la empresa concesionaria; y por la falta rendición de cuentas generales y aprobación de las liquidaciones. “La Mancomunidad incumple de forma continuada sus obligaciones de formación, aprobación y rendición de cuentas”, asegura el Tribunal de Cuentas, que relata que es así desde 2002 y se mantiene, además de incumplir los requisitos de publicidad activa, no tener portal de transparencia ni tampoco sede electrónica.

La Mancomunidad ha incumplido sistemáticamente la obligación de rendición de cuentas al Tribunal y sólo se ha hecho con la de 2017, “con dos años de retraso” y porque hubo apercibimiento de sanción, además de no remitirse información sobre la actividad contractual (sólo se hizo en 2019 y de forma incompleta), ni información sobre los reparos formulados ni las anomalías ni los acuerdos anteriores, por lo que concluye que es imposible conocer la situación financiera de la entidad y su fiscalización.

Ahora habrá auditoría

La Mancomunidad de Los Alcores, que preside desde el pasado mes de septiembre el alcalde de El Viso del Alcor, Gabriel Santos, ha declinado hacer ningún tipo de declaración sobre el informe del Tribunal de Cuentas y se ha limitado a precisar que se ha encargado una auditoría sobre la entidad supramunicipal y que no se pronunciarán al respecto hasta entonces. Mientras, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, confirmó en su comparecencia en el Congreso que la fiscalía del tribunal había ordenado proceder a la apertura de diligencias preliminares.

Entre algunas de las irregularidades que detecta el informe se encuentra que los estatutos de la Mancomunidad no están adaptados a la Ley de Autonomía Local de Andalucía y las modificaciones que se realizaron en los años 92, 99 y 2011 “ninguna cumplió con todos los trámites preceptivamente establecidos”, además de prestar el servicio de limpieza “sin que esté previsto en sus estatutos”, asegura.

Sin control interno ni adaptación a la ley, la Mancomunidad mantiene desde 2013 su presupuesto prorrogado y, en los dos años analizados, se hicieron 125 reparos por contratación y gestión de personal que “siempre ha sido resuelta” por la Presidencia pero sin asumir reparos ni elevar consulta “al organismo correspondiente de tutela financiera”.

Sobre los presupuestos destaca que “no ha habido planificación estatutaria” y que ha desarrollado su actividad “con los presupuestos de 2013 prorrogados, convirtiendo en habitual lo que debería haber sido un recurso excepcional y transitorio”, solventándose en su mayoría con modificaciones presupuestarias, sin incluir gastos e ingresos de cuatro de seis municipios mancomunados, sin aprobación de liquidaciones y sin corresponder los remanentes de tesorería “con derechos realizables ni con obligaciones exigibles”.

En cuanto a la contratación pública, de forma generalizada se ha acudido a la adjudicación directa mediante contratos menores y verbales. Los verbales han ido disminuyendo, destaca el informe, pero en 2017 eran la práctica totalidad y en los anteriores suponían el 38,97% del importe de adjudicación total y el 19,62% de los celebrados. Sobre los menores, usados de forma generalizada, suponen el 78,48% de los contratos y el 33,10% del importe total. A partir de 2019 el Tribunal detecta una mejoría al incluir contratos por procedimiento abierto (el 55,27% del total) pero los de procedimiento de urgencia se han hecho generalmente “sin justificación”.

Sobre la plantilla, ni hay RTP (relación de puestos de trabajo) ni una adecuada identificación de necesidades a cubrir ni perspectiva de género. Sin organigrama, sólo contempla dos funcionarios mientras que el resto es personal laboral, con contrataciones temporales y sin justificar suficientemente, recordando el Tribunal que esa situación ya derivó en la declaración de nulidad de 35 despidos.

La concesión a Aborgase

Sin embargo, el grueso de las irregularidades se encuentra en la prestación de los servicios que realiza Aborgase. “La concesión expiró el 31 de marzo de 2016 y con anterioridad no se llevaron a cabo actuaciones suficientes para la licitación de una nueva concesión, por lo que fue prorrogada forzosamente por razones de emergencia. Cinco años después, la Mancomunidad sigue sin llevar a cabo la licitación correspondiente y la concesionaria continúa prestando el servicio en régimen de prórroga forzosa, lo que supone una vulneración de la normativa sobre contratación pública y la consolidación en el tiempo de esta situación irregular”, asegura tajante el informe.

Especialmente crítico es el informe al relatar el intento de licitación de una nueva concesión que se realizó en 2017, con la adjudicación de tres contratos menores para hacerla posible, una iniciativa que resultó “infructuosa”. El primero buscaba abrir un proceso negociador y adquirir los terrenos de Montemarta-Cónica, incluyendo el futuro pliego de cláusulas administrativas para la nueva concesión; el segundo era para un estudio económico-financiero e inventario de las instalaciones; y el tercero, la asistencia técnica para ese inventario. “Ninguno de los tres contratos menores adjudicados fue ejecutado satisfactoriamente”, relata, apuntando que en mayo de 2018 se acordó resolver los dos primeros por no realizarse en el plazo fijado y, el tercero, sí fue ejecutado pero “de manera defectuosa” decayó por la “obstaculización de la concesionaria”, según justificó la empresa contratista.

Además, la Mancomunidad gestiona sólo de forma directa el servicio a Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaíra, mientras que el 90% es indirecta, es decir, que los ayuntamientos de Sevilla, Dos Hermanas, Carmona y El Viso abonan directamente el servicio a la concesionaria, a Aborgase. Y no sólo estos ayuntamientos. Los 27 municipios del Bajo Guadalquivir, después de 30 años, sigue la Mancomunidad sin participar del acuerdo de adhesión ni hay contraprestación económica; el Consorcio Central Alcores-Guadalquivir, creado ex profeso, tiene pendiente de pago 405.383 euros desde 2008 sin que tenga actividad ni se haya disuelto; diez ayuntamientos tienen convenios suscritos pero llevan nueve años sin integrarse en la mancomunidad o adjudicar la concesión; y la tarifa, que debería actualizarse cada año, es un 34% superior al resto, por lo que el pago de esta diferencia, 350.000 euros al año, ha hecho que los ayuntamientos originarios no realicen aportaciones para gastos generales durante los últimos años.

La Mancomunidad, al margen

En resumen, Aborgase, como “concesionaria del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, presta el servicio a 42 municipios en un Centro de Tratamiento propiedad de la Mancomunidad de los Alcores, sin que la Mancomunidad tenga conocimiento de las circunstancias de la prestación del servicio ni a la totalidad de los municipios integrantes de la misma, ni a los integrantes de la Mancomunidad del Guadalquivir, ni a los municipios integrantes de la extinta Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, lo que supone que la administración contratante, la Mancomunidad de los Alcores, no está haciendo uso de las potestades y prerrogativas que el ordenamiento jurídico le atribuye con el fin de garantizar el interés público y el buen funcionamiento del servicio público objeto de concesión administrativa. Pese a que se han producido modificaciones sustanciales por la prestación del servicio a municipios no contemplados inicialmente, no se ha producido el estudio correspondiente para, en su caso, reestablecer el equilibrio económico financiero de la concesión”, dice literalmente el Tribunal de Cuentas.

Otra de las irregularidades está en la prestación de servicios a terceros, que debería contar con un precio público fijado en ordenanza pero se abona “directamente” a la concesionaria una cuantía fijada por tonelada, “cuando debería haber una matrícula anual”, y existen dudas sobre los cargos de la concesionaria por residuos de construcción y demolición que no han sido solventados. Además, tampoco está contemplado en los estatutos el servicio de limpieza viaria (Mairena del Alcor y, antes, Alcalá de Guadaíra) y contraviene el estatuto el servicio a otros municipios y terceros.

Ecoembes y Ecovidrio

En cuanto a la recogida selectiva, se establece mediante convenios con Ecovidrio y Ecoembes financiado con precio público, pero se aprobó sin estar cuantificado ni justificado en una memoria económica financiera, por lo que “no cubre costes” y en el caso de Ecovidrio, funciona con prórroga tácita desde 2020. Es más, con Ecoembes, a pesar de ser a través de convenio con la Mancomunidad, la concesionaria lo cobra directamente, sin pago adicional a la entidad. Y el coste de los servicios, que realizó “una técnica de contabilidad”, ni se ha aprobado en 2019, asegura el informe.

En cuanto a los puntos limpios de Alcalá y Mairena, se realiza mediante concesión administrativa, pero no se justifica el 2% de facturación anual por canon, mientras han detectado una facturación por conceptos no previstos de 110.712 euros en 2017 y de 116.749 en 2018, además de ser a través de contrato verbal, según recoge el Tribunal de Cuentas.