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CCOO denunciará a Persán por “persecución sindical”

La empresa sanciona por segunda vez al presidente del comité de empresa, David Badillo, representante del sindicato CCOO

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  • Anuncian un calendario de movilizaciones “sostenido en el tiempo” a partir de octubre
  • Cuestionan que una empresa que presuma de ejemplar quiera a los trabajadores “sumisos”
  • Crean un “fondo de resistencia” para el trabajador ante la sanción de dos meses de empleo y sueldo

Las aguas siguen revueltas en Persán. CCOO va a presentar una demanda de tutela sindical al considerar que la empresa “ha vulnerado las siglas” del sindicato después de que el presidente del comité de empresa, David Badillo, haya sido sancionado por segunda vez, algo que la sección sindical considera que es un intento de “amedrentar” a la plantilla, anunciando un calendario de movilizaciones a partir de octubre “sostenido en el tiempo”, además de poner en marcha un “fondo de resistencia” para apoyar al trabajador sancionado con dos meses de empleo y sueldo.

La sección sindical de CCOO en Persán ha publicado un vídeo explicativo de la situación en Youtube para informar a todos los trabajadores de la empresa, unos 700, de las acciones que van a iniciar, puesto que el periodo vacacional dificulta la realización de asambleas, en el que el propio David Badillo, presidente del comité de empresa; César Personal, secretario del comité y miembro de CCOO; y Mónica Vega, responsable del Sector Agroalimentario de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, comunican lo ocurrido a la plantilla.

Así, tras el paso “a primera línea” de David Badillo hace año y medio y el cambio en la fórmula de trabajo de la sección sindical, haciendo partícipes a los trabajadores de todas las decisiones y negociaciones del comité, una vez ya convocadas las elecciones sindicales, Persán sancionó por primera vez a Badillo con una semana de empleo y sueldo por un “fallo absurdo”, sanción que ha sido recurrida y se encuentra en espera de juicio tras no haber acuerdo en el Sercla.

Hace unas dos semanas y justo cuando se cumplían 90 días de la primera, la empresa volvió a sancionar a Badillo, en esta ocasión por un fallo “humano” que le cogió en su momento “de bocadillo” pero que también debería haber recibido el responsable técnico de Salud Laboral, según explicaba Vega, que adelantaba se presentarán las alegaciones oportunas, como se hizo con la primera, que ya está con juicio fijado y en este año.

“Es un ataque a toda la clase trabajadora de Persán”, asegura Badillo, recordando que “todos los palos que nos den a nosotros (por el comité de empresa) se lo están dando a todos los trabajadores de Persán”, apuntando que sólo están exigiendo “que se cumpla la normativa laboral”. “Es una persecución sindical, es una respuesta a nuestra forma de trabajar y actuar”, aseguraba pidiendo unidad a los trabajadores más allá de las diferencias de categoría, los sueldos o las siglas sindicales a las que se representen.

César Personal, secretario del comité, confirmaba la teoría de Badillo de que es una reacción a la forma de trabajar de la sección sindical e incidía en que “no vamos a volver al miedo”, que es lo que han estado tratando de “erradicar” de la empresa, y reiteraba que “cuando atacan a un presidente del comité de empresa, nos atacan a todos”, más aún cuando sienten la fuerza y el apoyo de los trabajadores para defender sus derechos frente a Persán.

Ejemplaridad cuestionada

Más vehemente era Mónica Vega, que cuestionaba la “ejemplaridad” de la que hace gala la compañía: ¿Ejemplar de qué, de sumisión de los trabajadores, de coartar cualquier procedimiento que signifique que la clase trabajadora mejore sus condiciones laborales, de castigar a quien lucha por sus compañeros?”, se preguntaba.

“Se le acabó el chiringuito a Persán. No vas a volver a tener sumisos, no vas a volver a tener borregos, vamos a seguir luchando por nuestros compañeros”, aseguraba Vega, que relataba que en año y medio han conseguido “paliar” la brecha histórica en los sueldos de la empresa; que el nuevo convenio llegue a todos los trabajadores para que ellos decidan si firmar o seguir presionando; varias denuncias por modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo; constituir la mesa de igualdad porque “esta empresa ejemplar no tiene plan de igualdad”; y varias denuncias de salud laboral.

También están centrados ahora en los trabajadores que se encuentran fuera de convenio, que “pueden ser entre un 40 y un 45% de esta empresa tan ejemplar”, a los que hay que sumar los empleados que prestan sus servicios a través de ETT (empresas de trabajo temporal), que pueden pasar años hasta que pasan a plantilla “o son despedidos”.

“Se va a pedir la unión de todos los trabajadores, porque si tocas a uno, tocas a todos, y si tocas a David Badillo, tocas a CCOO y tiene detrás a toda la estructura de CCOO y a los compañeros para apoyarlo”, defendía Vega, que en declaraciones a Viva ha confirmado ya el respaldo de la dirección del sindicato y de la sección de Industria de CCOO Sevilla, que lidera Javier Rodríguez Navas.

A juicio el encargo de José Moya al comisario Villarejo

Las turbulencias laborales vuelven a Persán a pocos días de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya propuesto juzgar al exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín y al excomisario José Manuel Villarejo por uno de sus supuestos proyectos de espionaje encargado por José Moya, apoderado de Persán, ya fallecido, para mejorar su capacidad negociadora en el marco de un reconocimiento de deuda.

El magistrado ha dictado un auto en el que procesa a Villarejo y a Rafael Redondo, a quien los investigadores consideran socio del expolicía, por un delito de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos, y a Rodríguez por este último y también por cohecho activo.

Se trata de la pieza número 25 del casi medio centenar que acumula esta macrocausa, el denominado “proyecto Saving”, que surgió tras las dificultades del grupo Persan y su apoderado, José Moya, ya fallecido, para reclamar un reconocimiento de deuda relacionado con el empresario Fernando Martín, expropietario de la constructora Martinsa-Fadesa tras su entrada en concurso de acreedores.

El proyecto, en el que el juez sitúa al exsenador como “intermediario” entre el empresario que lo encargó y Villarejo, buscaba “mejorar la posición jurídica y negociadora” del grupo empresarial de José Moya como consecuencia de la denominada “operación Fadesa”.

La operación, explica el auto, fue formalizada en 2007 y concedía al empresario sevillano un derecho de opción de venta frente al exdueño de la constructora sobre un paquete de acciones de Martinsa, que “fue ocultada” por Martín, por lo que no figuró como acreedor en el concurso.

El juez afirma que se ha logrado conocer algunos de los pagos realizados por el grupo Persan a diversas cuentas corrientes de una empresa del grupo Cenyt, vinculado a Villarejo, que ascenderían a más de medio millón de euros, y se ha constado que accedieron a información reservada. El auto decreta el archivo de la investigación para un exdirectivo de Persán, Raúl Jara, al no haber indicios de delito contra él.

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