La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara nulos los 43 despidos de Sevilla Global y condena a la empresa y al Ayuntamiento a admitirlos y a pagarles los salarios no percibidos supone un duro revés a la estrategia escogida por el gobierno municipal para disolver esta sociedad, al que acusa de “descapitalizar” la empresa para justificar una desaparición mientras, por ejemplo, provisiona 1,4 millones para indemnizaciones que podrían haber salvado la sociedad.
La sentencia, que reparte “mala fe” entre Ayuntamiento y trabajadores en la negociación de la disolución, considera clara la nulidad del “despido colectivo” de 43 empleados ante el “cúmulo de irregularidades” en el proceso negociador previo. “Sevilla Global ni ha sido disuelta, ni parece que se va a disolver a corto plazo”, sentencia la Sala, un hecho que considera el “más importante” y que incluso achaca al propio alcade, Juan Ignacio Zoido, al que critica que “determine con carácter previo a la disolución qué actividades se mantendrán, decisión que parece más bien dirigida a justificar el cese de determinados trabajadores que a prestar un servicio con una mínima coherencia, o a realizar una disolución de la sociedad de forma ordenada y rápida, con la finalidad de evitar al máximo las pérdidas”.
La Sala asegura que “no se comprende” que se mantengan determinados servicios y no otros, lo que “compatibiliza muy mal con la liquidación” que busca el Ayuntamiento, al que considera el “empresario real” puesto que esta sociedad “artificiosamente creada para realizar actividades municipales sin control”, subsiste gracias a las aportaciones y encomiendas del Ayuntamiento.
La sentencia asegura que es el Ayuntamiento “el que descapitaliza Sevilla Global no sólo disminuyendo la aportación municipal en el año 2002 sino privando al proyecto Parque Empresarial Arte Sacro y Afines del edificio múltiple para destinarlo a usos municipales”, lo que a su juicio, disminuye el valor del bien, que, por otro lado, considera”dudoso” al descender de enero de 2011 de 17,46 millones a los 7,35 de octubre del mismo año.
Aunque el TSJA considera que la deuda municipal ampara la opción de una disolución, rechaza que el Plan de Ajuste justifique su desaparición. “Un hecho es que el Ayuntamiento considere a la empresa incursa en una causa de disolución y otra que efectivamente lo esté”.
Indemnización
De hecho, la sentencia considera que ha habido “mala fe” por parte del Ayuntamiento y de la empresa al excluirse el propio Consistorio de la liquidación de contratos, apropiándose del edificio de servicios múltiples y, además, eliminando del cómputo de los ingresos los 1,445.667 euros destinados a indemnización. Una transferencia con la que “se duplicaría el capital social de la empresa (600.000 euros), con lo que desaparecería la causa legal de disolución”. La Corporación decide la disolución, dice, “con base a unas pérdidas de difícil acreditación”.
En la exposición de los hechos, la sentencia incluso cuestiona que se permitiese en su momento el endeudamiento de la sociedad (6,6 millones) para adquirir el solar para Arte Sacro y que además se incluya el derecho de reversión del bien, lo que usa el gobierno del PP para traspasar el edificio de usos múltiples para actividades municipales (la sede del Instituto Municipal de Deportes, IMD).
La mala fe, para el TSJA, no sólo ha existido en la parte municipal, sino también en la de los trabajadores, a los que cuestiona que se excedieran en sus pretensiones, que tacha de “abusivas”, excediendo “con mucho los límites legales para el despido improcedente”. También considera que no se han respetado las preferencias de permanencia de los representantes de los trabajadores, aunque rechaza que haya habido vulneración sindical.
Recurso
Ante esta sentencia, el delegado de Economía y Empleo, Gregorio Serrano, ha asegurado que estudiarán sus términos antes de decidir si la recurrirán, pero considera “discutible” que el Ayuntamiento pueda considerarse como el “empresario real”.
Serrano ha defendido el “derecho legítimo” del Ayuntamiento a disolver Sevilla Global -que el TSJA no cuestiona- y asegura que han mantenido parte de la actividad porque “no se puede cerrar de la noche a la mañana”.
Sobre el valor del Parque Empresarial, recuerda que es el que le han dato los tasadores, mientras que reprocha a PSOE e IU la creación de una “empresa artificiosa” que escapa al “control municipal”, como señala la sentencia.
Por su parte, el portavoz del comité de empresa, José Carlos Cuerda, ha asegurado que han prevalecido “todos” los argumentos de los trabajadores y que el alcalde “es el responsable último de todo esto y le vamos a pedir explicaciones”.
