Carlos Vázquez, secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento hispalense durante el anterior mandato, prestó ayer declaración como imputado ante el  Juzgado de Instrucción número 15, a cuenta de la denuncia relativa a la gestión de la extinta Fundación DeSevilla.

Durante su comparecencia, atribuyó al propio Ayuntamiento el “desbarajuste” de la fundación al no ser autorizadas ni entregadas “en plazo” las subvenciones y señaló el papel del concejal de IU-CA Antonio Rodrigo Torrijos y del exdirector gerente de la fundación, Miguel López Adán, en algunos de los expedientes incluidos en la investigación.

Carlos Vázquez, quien como delegado municipal de Economía y Empleo presidió las sesiones de la comisión ejecutiva de la fundación y las sesiones del patronato, señaló que el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, no asistió a ninguna de las sesiones.

Durante su comparecencia, Vázquez negó que la no justificación de las subvenciones por parte de la junta local de Gobierno del Ayuntamiento supusiese “que las facturas no se correspondiesen a la realidad”. Negó, así, “una manipulación o falseamiento de las facturas”, atribuyendo este extremo a una “acumulación de tareas” o a “supuestos de ejecución fuera del plazo establecido”.

Sobre el informe del interventor que alude a una “desviación sustancial de los fines de las subvenciones concedidas”, defendió que el interventor fue “siempre invitado” a las sesiones del patronato “y no fue nunca”, como tampoco habría remitido a la fundación “documentación, informes ni opinión” sobre el estado de la entidad o las subvenciones. Así, aseguró que lo que el interventor considerase “era algo que desconocían los miembros del patronato” y avisó de que la tesis del interventor no está “demostrada”.

Además, Carlos Vázquez corroboró la declaración de López Adán en cuanto a que la gestión de la fundación “era un desbarajuste provocado por el régimen de subvenciones al que se tenía sometida a la fundación”, toda vez que las ayudas procedían del Ayuntamiento hispalense. Algunos expedientes relativos a proyectos de cooperación internacional subvencionados por el Ayuntamiento, “provocaban un quebranto en el patrimonio negativo de la fundación, porque las ayudas llegaban tarde y ocasionaban que no se pudieran ejecutar en plazo”.