La Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto condenas de entre 15 meses y siete años y medio de cárcel a cinco de los seis acusados de hacerse pasar por fiscales, secretarios o peritos judiciales para ofrecer a una veintena de víctimas pisos embargados y vehículos, resultando afectado incluso un exdiputado del PSOE.

   En una sentencia de 181 páginas, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Cuarta condena a los dos cabecillas, Pedro G.C. y Manuel L.A., a siete años y medio de cárcel, el primero, y siete años el segundo, mientras que condena a cinco años y medio a Aitor I.A., sobrino del mítico boxeador Urtain.

   Asimismo, la Sala condena a cuatro años y nueve meses de prisión a Jesús C.R., y a 15 meses de cárcel a Antonio M.R., mientras que absuelve a Antonio C.M.. Además, todos los condenados deberán indemnizar conjuntamente con 1,5 millones de euros a la veintena de afectados. 

   El tribunal considera probado que los dos 'cabecillas' de la trama, en fecha anterior a agosto de 2009, "se concertaron para poner en marcha un procedimiento con el que enriquecerse a costa ajena, ofreciendo a personas interesadas en la adquisición de inmuebles, y ocasionalmente automóviles, la ficticia oportunidad de obtenerlos a un precio ventajoso, participando en inexistentes subastas judiciales de bienes supuestamente embargados".

   En dichas subastas, "según se les diría, les sería adjudicado el bien en cuestión si les entregaban, so pretexto de que ellos las consignaran en el Juzgado, las cantidades que como valor de tasación les indicaran en cada caso, en el entendido, tan mendaz como todo lo demás, de que tales cantidades les serían devueltas si el deudor levantaba la traba antes de que se produjera la adjudicación o, en algunos casos, si aparecía un eventual mejor postor".

   "Para implementar la puesta en escena necesaria, Pedro G.C., que disponía, tras haber seguido un curso a distancia, de un diploma y una placa o carné que proclamaban su condición de perito tasador judicial, pero que nunca había prestado sus servicios como tal, haría valer esas acreditaciones para fingir que trabajaba para la Administración de justicia, en estrecha colaboración con jueces y fiscales", añade la Audiencia.

   De su lado, Manuel L. "se encargaría principalmente de confeccionar en su ordenador supuestos documentos judiciales que aparentasen la existencia de los procedimientos de apremio, la recepción por el órgano judicial de las cantidades entregadas para participar en ellos por los clientes captados, y, en su caso, la adjudicación final del bien deseado".

"SELLOS EN TINTA DE LOS JUZGADOS"

   Estos documentos, "para mayor engaño", llevarían estampados sellos "en tinta de los juzgados, pues los acusados se habían hecho, por medios que no se han averiguado, con un sello original del Juzgado de Primera Instancia número 18 y disponían de otro, cuyo carácter genuino o imitado no consta, con la leyenda y emblema del Juzgado de Primera Instancia número 1".

   La Sala pone de manifiesto que, "para dotar de mayor verosimilitud a la engañosa puesta en escena, los acusados se valdrían de la indiscriminada facilidad de acceso a los edificios judiciales", y en concreto a la sede de los juzgados de Primera Instancia, donde Pedro G. "había obtenido de una empleada del Colegio de Abogados permiso para utilizar un despacho vacante de las dependencias de la corporación en el complejo, haciendo valer para ello su pretendida condición de perito judicial".

   Este acusado "llegó a ganarse incluso con su frecuente asistencia la confianza de los agentes de la Guardia Civil encargados de la custodia de la sede, que le dispensaban el trato propio de un funcionario o profesional asiduo", de manera que en el aludido despacho colegial, "que los clientes tomaban por judicial, tuvieron lugar muchas de las entrevistas y reuniones que exigía una trama defraudatoria sostenida en el tiempo y cada vez más compleja y ramificada".

EL SOBRINO DE URTAIN DICE QUE "NO SE HA QUEDADO CON EL DINERO" DE NADIE

   De su lado, el sobrino de Urtain "fue presentado como el supuesto fiscal de nombre Antonio".

   En este sentido, el abogado de este último acusado, Julián Rabadán, ha informado a Europa Press de que estudiará la sentencia "para ver la posibilidad de plantear o no el correspondiente recurso", no obstante lo cual ha valorado que la Audiencia "ha acogido la tesis mantenida por esta defensa de que mi cliente no formaba parte de ninguna banda o trama de estafadores y falsificadores como mantenían las acusaciones y el Ministerio Público, así como que tampoco era el ideólogo de estas estafas".

   Al hilo, ha insistido en que su cliente "no se ha quedado con el dinero de ninguna víctima, y lo que ocurrió es que se encontró en el lugar y momento equivocados, siendo utilizado por los principales condenados".