María José Borge Montero (PSOE), portavoz del equipo de gobierno de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha sido absuelta de adjudicar un contrato público a una empresa sin la solvencia exigida, un presunto delito por el que el fiscal pidió para ella ocho años de inhabilitación.
Una sentencia del juzgado penal 14, a la que ha tenido acceso Efe, sostiene que "no nos encontramos ante una resolución administrativa injusta en el sentido penal", sino en todo caso ante posibles irregularidades administrativas que debieron ser impugnadas en la vía de lo Contencioso.
La actual portavoz municipal y entonces teniente de alcalde y delegada de Servicios Económicos fue acusada por adjudicar un contrato menor de consultoría en materia deportiva a una empresa constituida tres días antes y que poco después renunció a la adjudicación alegando que los medios necesarios para el desarrollo del contrato excedían de lo inicialmente previsto.
El contrato tendría una duración inicial de 45 días y una asignación presupuestaria de 9.160 euros.
La adjudicataria, Mudarra Gestión Deportiva S.L., fue constituida el 25 de octubre de 2009 y no disponía apenas de medios materiales, carecía de trayectoria profesional y currículum y sus miembros no habían realizado nunca un trabajo de índole y naturaleza del que se proyectaba, según la acusación del fiscal y del sindicato CCOO.
La sentencia recoge que la empresa fue constituida por dos hermanos, uno de los cuales tenía una "trayectoria profesional reconocida", pues había sido y seguía siendo en aquella época una persona con labor profesional "directamente relacionada con el sector formativo y deportivo" y que iba a colaborar con su hermana en el desarrollo del proyecto.
La "fealdad administrativa" que argumentó el fiscal "no es un elemento constitutivo del delito de prevaricación que analizamos", dice la juez, y añade que tal hecho puede ser objeto de reproche administrativo pero no penal desde la perspectiva del principio de intervención mínima del Derecho Penal.
María José Borge, en un comunicado remitido a Efe, se ha mostrado "satisfecha" por la sentencia absolutoria y ha mostrado su pesar por una "denuncia desmesurada que ha supuesto un juicio público paralelo, injusto e inquisitorial".
La portavoz municipal ha asegurado que "siempre ha tenido la conciencia tranquila" por su actuación y confiaba en que "así lo demostrara la Justicia, como finalmente ha sido".
Borge afirma que ha vivido "momentos duros" no por ella, ante la seguridad de la legalidad de su actuación, sino por "la presión a la que he sido sometida social y políticamente ante mi familia y los seres queridos que me rodean".
La edil recuerda que "en política no todo vale" y que en los cinco años transcurridos desde la denuncia hasta su absolución "llevo vivido un calvario acompañada por mis familiares y amigos, aunque no deseo el mismo mal para las personas que me acusaron porque no me han educado en el odio y el rencor".
