Los representantes y directivos de las empresas CYR y Dosevi, que figuraban como intermediarias entre Dolmen y la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa --vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía-- y los proveedores y empresas suministradoras de una promoción de viviendas protegidas promovidas en Sevilla han negado que ellas mantengan la deuda con los proveedores y han culpado a la fundación de ser la responsable de pagar a dichas subcontratadas.
Tres de los cinco nuevos imputados comenzaron este jueves a declarar ante el Juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, dentro del caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia presentada por empresas suministradoras de una promoción de viviendas protegidas promovidas en Sevilla por Dolmen y la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa.
Los tres imputados llamados a declarar este jueves son Manuel y Julián Escamilla y Cristóbal Pérez, de las empresas CYR y Dosevi, consideradas 'sociedades pantalla' o intermediarias por los denunciantes. Estos tres imputados, administradores y representantes de ambas empresas, no han respondido a las preguntas de la acusación sólo a las preguntas de la juez y de las defensas.
Fuentes del caso han explicado a Europa Press que en su declaración han negado que tuvieran una deuda con las subcontratistas y consideran que la deuda es de la fundación, que apuntan que "es la que tiene que pagar".
Asimismo, han apuntado que se reunieron con Bankia --entonces Caja Madrid-- y llegaron a un acuerdo para que ésta efectuara los pagos "pero Bankia no ha pagado", de forma que estas tres personas se sienten "perjudicadas" porque a ellas "también les deben dinero".
Las fuentes han precisado que estos tres imputados coincidieron en que "era cierto que desde el inicio de la obra hubo problemas de pagos, que se solucionaron con la reunión con Caja Madrid, pero ésta no ha pagado la obra y debe dinero".
Estos tres imputados desconocían asimismo por qué compartían oficinas y activos CYR y Dosevi.
A finales de julio los representantes jurídicos de las empresas suministradoras, que presentaron dicha denuncia, presentaron un escrito para pedir la ampliación de la denuncia, escrito que en septiembre fue admitido en una providencia dictada por el juez del juzgado de instrucción número 3.
En dicha providencia se cita como imputados a cinco personas más, todos ellos directivos de sociedades relacionadas con Dolmen, las llamadas por los denunciantes 'sociedades pantalla' o intermediarias. En concreto se trata de directivos de Dosevi, CYR, la propia Dolmen, Nazarí, o Alfajía SL, entre otras.
Las empresas suministradoras de la promoción de 583 viviendas protegidas Isbylia, en Sevilla, promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA presentaron una denuncia por presunta estafa contra Dolmen y dicha fundación.
En la denuncia, estos empresarios piden que les paguen las cantidades adeudadas por dichos trabajos y aseguran que los denunciados actuaron "de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting".
