Un juez de Sevilla ha condenado a penas de seis meses de cárcel a seis integrantes de un piquete que actuó en la huelga general de 2010 impidiendo supuestamente la entrada de profesores y alumnos a la Universidad de Sevilla, ubicada en la antigua fábrica de tabacos de la capital hispalense.

   En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez de lo Penal número 10 de Sevilla condena a estas seis personas a seis meses de prisión por un delito de desórdenes públicos, mientras que absuelve a los otros siete acusados al considerar que la prueba contra ellos es "insuficiente".

   En el juicio celebrado el pasado mes de octubre, la Fiscalía de Sevilla pidió para los 13 imputados un año de cárcel por un delito de desórdenes públicos, mientras que para cuatro de ellos solicitó también otro año y medio de prisión por un delito de atentado.

   La juez considera probado que el 29 de septiembre, en el marco de la jornada de huelga general convocada por los sindicatos, un grupo de manifestantes del que formaban parte los condenados se reunieron en el Rectorado de la Universidad "con el pretexto de integrar un piquete informativo".

   Ese día, "personas no identificadas, con el fin de dificultar el ejercicio del derecho al trabajo de las personas que no deseaban secundar la convocatoria de huelga, colocaron en la mayoría de las puertas de acceso al recinto vallas de obras que impedían el acceso al recinto de trabajadores, estudiantes y personal docente".

LA MAYORÍA DE LAS PUERTAS, CERRADAS

   Sobre las 8,30 horas, un inspector de la Policía Nacional se desplazó al Rectorado junto a otro agente a fin de garantizar la seguridad y el ejercicio del derecho al trabajo de quienes no secundaban la huelga, de manera que, al llegar a este lugar, el inspector comprobó que la mayoría de las puertas de acceso al Rectorado se encontraban cerradas, permaneciendo abierta la entrada al recinto universitario.

   Según la juez, hasta este lugar se dirigieron los acusados --que recurrirán la sentencia, según eldiarioandalucia-- junto a un numeroso grupo de personas y, "amparados en el anonimato del grupo, profirieron gritos y descalificaciones gratuitas hacia los agentes de Policía y los trabajadores", quienes "con ayuda de los agentes lograron acceder al interior del recinto".

   En la sentencia, consultada por Europa Press, la juez considera que, los acusados, "con su particular, conjunta y concertada actuación simultánea", provocaron "un clima de hostilidad y violencia creciente dirigido hacia los funcionarios de Policía con el propósito de disuadir a quienes libremente pretendían ejercer su derecho al trabajo".

   El inspector encargado de dirigir esta operación, de hecho, "se vio obligado a solicitar apoyo de otros compañeros para controlar la situación, dado el escaso número de funcionarios de Policía desplazados al lugar para controlar al grupo de manifestantes", quienes durante las dos horas que duró la concentración "vociferaron y dirigieron a los agentes expresiones ofensivas como 'analfabetos', 'fascistas' y otros similares".

"ANONIMATO DE LA MASA"

   "Protegidos en el anonimato de la masa de la que formaban parte, agravaron la tensión y la hostilidad hacia los funcionarios de Policía", asevera la juez, quien subraya que "este ambiente de tensión y hostilidad adquirió el punto álgido cuando un centenar de manifestantes decidieron, de común acuerdo, sentarse juntos en el suelo para entorpecer la labor que los funcionarios de Policía realizaban en este acceso para evitar de esta forma lo que hasta ese momento no habían conseguido, es decir, que trabajadores y estudiantes pudieran acceder al recinto de la Universidad".

   La juez tacha de "significativa" la actuación de los acusados cuando un profesor de la Facultad de Historia intentó acceder al Rectorado por la puerta "todavía" abierta, "donde decidió pedir ayuda a los funcionarios de Policía para que lo acompañaran al interior del recinto porque los manifestantes sentados en la puerta le impedían la entrada".

   De este modo, varios agentes "lo rodearon para protegerle, sufriendo los agentes varios golpes de las personas allí congregadas, quienes intentaron sin éxito colocar vallas metálicas para cerrar este acceso, identificando el inspector que dirigía la operación en ese momento" a los condenados. De hecho, cuatro policías sufrieron distintas lesiones y desperfectos en sus uniformes.

"SE EXTRALIMITARON EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE HUELGA"

   La juez entiende que los acusados "se extralimitaron en el ejercicio de su derecho de huelga, ejerciendo los actos de violencia y hostilidad ya descritos hacia los agentes que facilitaban el acceso de los trabajadores al recinto universitario con el pretexto de formar parte de un piquete informativo", lo que "sin duda alteró el orden público y la paz social".

   Así, los acusados "generaron un ambiente hostil y violento con la expresiones ofensivas hacia los agentes y hacia los trabajadores que no participaban en la convocatoria de huelga, instrumentalizando de esta forma a los policías para llevar a cabo su plan, es decir, para obligar a los demás trabajadores a declinar sus derechos en beneficio de sus propias reivindicaciones".

   La juez absuelve a los otros siete imputados, pues su identificación fue realizada en fase de instrucción por el instructor de la Brigada de Información "a partir de una grabación cuyos fotogramas obtenidos a partir del visionado de la misma han sido impugnados y cuya reproducción en el juicio no ha sido solicitada", por lo que "procede desestimar la petición de condena" contra todos ellos.