La juez Mercedes Alaya ha cifrado en 950 millones de euros el dinero pendiente de justificar por cursos de formación pagados desde 2009 con fondos públicos, y atribuye esa actitud a la "desidia" o el "dolo" de responsables de la Junta de Andalucía, a 16 de los cuales detuvo en la operación Barrado.
En un auto de imputación de una de los 12 políticos que han quedado en libertad con cargos tras comparecer ante la juez al que ha tenido acceso Efe, la instructora lamenta los "efectos graves para el Erario Público" que ha supuesto la acumulación de dinero pendiente de justificar.
La juez relaciona parte de ese dinero con las resoluciones de exoneración, un uso que considera "fraudulento" de los fondos porque permitían nuevos pagos a pesar de que no se hubiesen justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas antes.
Estas resoluciones las aplicó la Consejería de Empleo de la Junta desde 2009, "año tras año", contraviniendo la Ley de Hacienda andaluza y convirtiendo en algo habitual "lo que debe ser excepcional", precisa Alaya.
Las exoneraciones favorecieron a beneficiarios repartidos por toda Andalucía, según la instructora, que critica el hecho de que no se reclamaran su reintegro hasta pasar las competencias de la consejería de Empleo a la de Educación y afirma que esas reclamaciones caducan a los cuatro años.
La acumulación del dinero tuvo consecuencias presupuestarias porque obligaba a provisionar las cantidades pendientes de pago en el presupuesto del próximo año, destaca la juez, que acusa a uno de los dirigentes políticos detenidos de participar en las acciones que impidieron el adecuado seguimiento de los cursos y su justificación.
También le imputa contribuir decisivamente en mantener un sistema de gestión de subvenciones para la formación que implicaba, indiciariamente, un reparto arbitrario de los fondos públicos.
Ello se hacía mediante "una acción concertada y coordinada tanto a nivel central como provincial" y permitiría, "a sabiendas de su injusticia y el daño al erario público", provocar "múltiples incumplimientos" de las normas para los cursos, en su concesión, en el pago y, "especialmente", en la justificación del destino de los fondos subvencionados, según la instructora.
Para sus imputaciones, la juez usa los informes de la Intervención General de Andalucía sobre las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo andaluza entre 2009 y 2012, en los que se concluye que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) incumplió la ley respecto a los expedientes de justificación.
La juez, que investiga posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, afirma que los incumplimientos afectaban a todas las provincias, con más alumnos de los permitidos, sin prácticas de alumnos o con facturas que eran fotocopias.
Ante la juez han comparecido hasta ahora ocho ex delegados provinciales de Empleo en Andalucía, dos ellos en activo cuando fueron detenidos y cesados el mismo día, dos ex directoras generales y dos responsables de centros formativos públicos.
Faltan por comparecer otros dos ex directores generales, un delegado de Empleo y una responsable de un centro formativo.
