CCOO de Sevilla ha mostrado su preocupación porque "una infraestructura clave para el funcionamiento de la capital, como es el Metro de Sevilla, haya quedado en manos de un fondo de inversión vinculado al Gobierno de Malasia y con solo un 11 por ciento de presencia de la Junta de Andalucía".
En una nota, CCOO considera que "una infraestructura esencial debería contar con mayor peso de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla, que actualmente está sin representación".
CCOO de Sevilla pide a ambas administraciones que "se sienten, cuanto antes, con los nuevos propietarios para tratar el futuro de este medio de transporte esencial para la ciudadanía". El sindicato pide a los nuevos propietarios que "piensen en el interés común y que las decisiones relevantes para Sevilla no se tomen desde Kuala Lumpur, a más de 11.000 kilómetros".
El sindicato se ha mostrado preocupado porque las decisiones que atañan a Metro de Sevilla, y que son de un enorme peso para el desarrollo de la ciudad, "puedan tomarse desde Kuala Lumpur, a más de 11.000 kilómetros de distancia, y no desde Sevilla, pudiendo quedar en un segundo plano el interés común de los sevillanos".
Para CCOO de Sevilla, el Metro "debe estar al servicio de la ciudadanía y no vinculado a la obtención de beneficios económicos por parte de un fondo de inversiones". Por eso, el sindicato siempre ha apostado por aumentar la presencia pública dentro de los organigramas de empresas "tan relevantes para la ciudadanía como éstas".
CCOO de Sevilla ha asegurado que se mantendrá vigilante para que las condiciones laborales de los trabajadores de Metro de Sevilla se respeten.
El secretario de Acción Sindical y Política Sectorial de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha avisado de que "Malasia se encuentra entre los peores países del mundo para los trabajadores, según el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en 2015. El país obtiene una calificación de cinco, la segunda peor posible, lo que, según la CSI significa que los derechos no están garantizados".
"Esta situación ha generado la lógica preocupación dentro del sindicato por la garantía de los derechos de los trabajadores", ha asegurado Aristu.
