El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha negado este jueves la existencia de prevaricación administrativa con respecto a posibles irregularidades en contratos de la Universidad de Sevilla (US) cuando era vicerrector de Infraestructuras, al tiempo que ha expresado su confianza en la justicia y ha pedido "respeto" a la tutela judicial y la presunción de inocencia.

   Se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa en Jaén tras conocer que la Fiscalía Superior ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que incoe diligencias de investigación penal por la posible comisión del posible citado delito y otro de falsedad en documento público.

   "Lo que se plantea es que no puede descartarse la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa y no otra cuestión. Esto es importante porque significa que no ha habido nuevas informaciones aparte de la propia denuncia (del Colegio de Arquitectos de Sevilla)", ha manifestado no sin considerar que se "debió presentarse desde el primer momento en sede judicial, si la entendió oportuna, y no en la Fiscalía de Sevilla, de forma que desde el principio hubiesen disfrutado de todas las garantías" previstas en el ordenamiento jurídico español.

   Lo ha destacado teniendo en cuenta, además, que "eran numerosos los pleitos" de carácter contencioso-administrativo que la US y el ente colegial mantienen desde 2009 sobre la contratación del proyecto y construcción de un edificio de la Hispalense.

   Ha explicado que "aún continúan" y "han resultado en general contrarios a los intereses del colegio", a pesar de lo cual planteó en marzo 2015 una denuncia en la Fiscalía sevillana. Ha apuntado que remitió "en persona" copia de "todos los expedientes y diversas alegaciones elaboradas conjuntamente con los servicios jurídicos de la US".

   A finales del septiembre la Fiscalía del TSJA --a favor de la que tuvo que inhibirse la de Sevilla por ser Arellano ya consejero y, por tanto, aforado-- pidió una ampliación de seis meses para realizar 'un nuevo informe sobre los hechos' para comprobar los datos aportados por las partes. Para Arellano, del informe que conoció este miércoles "se deduce que el trabajo de investigación en estos meses ha consistido en tres actuaciones": comprobaciones de las licencias de obras otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla; solicitud a la Agencia Tributaria de informes sobre el estudio de arquitectura autor del proyecto y la petición para que declaren los no adjudicatarios.

   Ha añadido que "reproduce finalmente de forma casi literal la denuncia del Colegio de Arquitectos, proponiendo finalmente 'remitir las diligencias de investigación penal con todas las actuaciones practicadas y la documentación anexa a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA para que se incoen las diligencias previas (...) por cuanto no puede descartarse la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa' al margen de alguna forma de falsedad en documento público'".


INEXACTITUDES

   Para el consejero, no obstante, "no se compara nada con las extensas alegaciones" y los expedientes administrativos de la US, "a los que ni siquiera se alude ni a efecto de contrastar las informaciones", lo que provoca, además, "algunas inexactitudes".

   Entre ellas, ha citado que se cite "controversias contencioso administrativas" sin mencionar "las resoluciones de esa controversia", puesto que "ya hay pronunciamientos" en ese ámbito que "excluyen ilícitos penales porque los denunciantes pedían que el tribunal remitiese actuaciones a la jurisdicción penal", algo que se desestimó.

   También ha aludido a la confusión de la "obligatoriedad" de mantener la autoría del proyecto básico con la "de contratarlos por parte de la constructora que ganó el concurso"; a lo que ha sumado que una de las ofertantes no seleccionadas que dijo no reconocer como suya la firma obrante en el expediente era y es "empleada de la Fundación de Investigación y Difusión de la Arquitectura de Sevilla perteneciente a la entidad denunciante", de manera que hay "un conflicto de intereses evidente que no se plantea ni menciona".

   "Por tanto, aun estamos en la etapa de algunos procedimiento preliminares que se han extendido un año, las actuaciones están donde deben: en la Sala de lo civil y penal del TSJA ante las que tanto yo como la Universidad de Sevilla estará disponibles para aportar documentaciones, informaciones... convencidos de la regularidad de los procedimientos en los que a materia penal toca y sin perjuicio de los numerosos pleitos contenciosos-administrativos", ha asegurado.


HONESTIDAD Y RIGOR

   Junto a ello, ha defendido "la honestidad y el rigor de los funcionarios públicos", incluidos los de las universidades, al tiempo que ha destacado el carácter "centenario" de la US y considerar "injusto que se pueda verter sobre ella o sus empleados dudas de ninguna naturaleza sin ser escuchados".

   El consejero ha recordado, igualmente, que estamos en un estado de derecho, aunque "en muchas ocasiones se emiten opiniones, se crean prejuicios que eliminan el debido respeto a los tiempos y procedimientos".

   "Creo en la justicia, creo en la tutela judicial y en la presunción de inocencia y pido que se respeten en este caso", ha manifestado no sin hacer también una defensa de la "política digna y valiosa" en los "malos tiempos" que vive, víctima "de la generalización de comportamientos que a veces no han sido correctos, en demasiadas discutibles y muchos directamente reprochables"