El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el socialista Juan Espadas, ha dado ya de baja oficialmente a la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbanc Consumo, del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas hispalenses.
Según la resolución, recogida por Europa Press, la Delegación de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales, dirigida por Adela Castaño, ha procedido a dar de baja en el citado registro a la entidad Ausbanc Consumo, lo que conlleva la pérdida de los derechos que el Reglamento de Participación Ciudadana otorga a las entidades que se encuentran inscritas en el mismo.
Esto se produce después de que el día 28 de enero se publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un anuncio, tras el "resultado infructuoso de notificación en el domicilio social de la entidad", con el objetivo de dar un plazo de quince días para que el interesado pudiera formular alegaciones, unas alegaciones que no han sido presentadas.
Por ello, se ha resuelto con la baja de Ausbanc, tal como se señala en el libro de resoluciones municipal, que indica que esto se realiza con base a los fundamentos jurídicos que se recogen en los informes emitidos por la Jefatura de Servicio, de los que se deberá dar cuenta a la citada entidad, todo ello lo cual ha sido ratificado con la firma del secretario municipal.
Cabe recordar que a principios de mayo se emitía una resolución de inicio de expediente tras la petición de Facua a fin de que se produjese la cancelación registral de Ausbanc en el citado listado como Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios o su consideración como de tipo general. Una vez instruido el expediente, se promovía el desarrollo y emisión de un informe por parte de la Jefatura de Servicio en el que se abordaría la procedencia de la solicitud formulada por Facua.
Ausbanc se encuentra inmersa en una investigación instruida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, un marco en el que cabe señalar que su presidente, Luis Pineda, permanece en prisión desde abril acusado de delitos de estafa, extorsión, amenazas, fraude en las subvenciones, administración desleal y organización criminal.
