El presidente de los hosteleros de Sevilla, Pablo Arenas, se ha mostrado muy crítico con la forma de actuar del equipo de Gobierno de Espadas ante la propuesta "inamovible" de reducción de veladores en el centro, medida de la que cuestionan su legalidad, y ha reclamado negociar en el seno de la comisión de veladores una reordenación -que respaldan en espíritu- que debe analizar caso por caso y sobre la base de la legalidad vigente. Sin propuesta alternativa porque "estamos para ayudar al Ayuntamiento, no para hacer su trabajo", esperan "una llamada" del Ayuntamiento y no descartan acudir a los tribunales.

Arenas, que se ha rodeado de la patronal de hostelería, hoteles, CES y Cámara de Comercio, ha apuntado que lo que exigen al Ayuntamiento es que se les “respete” y que nunca ha habido negociación, sino procedimiento y tiempos “impuestos”. Para los hosteleros, la reordenación planteada por el Ayuntamiento no tiene “fundamento jurídico”, puesto que los veladores se otorgan según la ordenanza vigente, cuya modificación no han planteado, y tampoco se ha establecido una “zona saturada, que la podrían haber creado”.

El sector quiere sentarse a negociar con el Ayuntamiento en “una mesa técnica de verdad, en la comisión de veladores”, negociar sobre las licencias actuales, analizar las zonas donde podría haber saturación y apostar por la “autorregulación”, incluyendo la armonización de veladores y terrazas, extremo en el que están de acuerdo.

Arenas ha apuntado que todos los veladores de los 31 establecimientos afectados por la reordenación del centro “son legales” hasta el 31 de diciembre de 2017 y que las licencias se renovaron “en plazo”, es decir, entre septiembre y noviembre, periodo en el que el equipo de Gobierno inició las “redadas” y planteó su propuesta, sin que se aplicaran los nuevos criterios por los que ahora se retiran. Esa legalidad es una de las bases a partir de las que acudirían a los tribunales si se agota la vía administrativa sin acuerdo: “¿Y si un juez nos da la cautelar y nos llevamos dos años con todos los veladores en la calle?”, decía Arenas a Viva poniéndose en la hipótesis de acabar en la justicia, extremo que los hosteleros quieren evitar por el perjuicio que ocasionaría a la imagen de Sevilla y del sector

Además, han vuelto a reclamar que de verdad se aplique el régimen sancionador a los incumplidores, que son “siempre los mismos, reincidentes”, y aunque no han querido cuantificarlos, sí que moverán ficha y crearán un buzón que recoja las denuncias para ponerse en contacto con el incumplidor y denunciarlo si es preciso. En este extremo ha sido Arenas especialmente claro al apuntar que se realizan inspecciones a los titulares de las licencias “pero no a las terrazas que son ilegales porque no están en el listado del inspector”.

Arenas rechazaba las palabras de Espadas en las que criticaba que los hosteleros fueran con una propuesta de máximos argumentando que entienden que la propuesta municipal es “ilegal”, por no respetar el marco jurídico y porque las licencias son legales, que es “inamovible” y sólo se les ha permitido hacer alegaciones, y que no se trata de hacer un “intercambio de cromos”. “Las asociaciones estamos para ayudar al Ayuntamiento, no para hacer su trabajo, es muy fácil decir que me des una propuesta y después rechazarla”, espetaba Arenas.

“Lo suyo es que esta misma tarde reciba una llamada”, decía Arenas, aunque puntualizaba que “necesitamos garantías” y “lo único que cabe es que nos sentemos”. Si no, nos veremos obligados a llegar al extremo de los tribunales”.

63 familias sin empleo

El presidente de los hosteleros también ha ofrecido numerosos datos sobre la afección de la medida al sector, empezando por las 63 “familias” que se quedarán sin empleo si se eliminan, como marca la propuesta municipal, los 189 veladores de los 31 establecimientos afectados en Campana, Constitución y San Fernando.

Sevilla tiene 4.700 establecimientos de restauración, de los que sólo el 31% tienen terrazas, que generan 3.500 millones de euros al año, con 47.336 trabajadores. Existen 1.473 terrazas con 13.960 veladores en la ciudad (un velador por cada 54 veladores) que generan 4.419 empleos, entre 6 y 8 trabajadores por terraza. La media es de 9 veladores por establecimiento, con 3 empleados como mínimo para atenderlas y si es autoservicio, hay refuerzos en el interior. La Gerencia de Urbanismo ingresa un millón de euros al año por tasa de veladores (que se incrementó un 4% de media en 2016).

Las medidas inmediatas de esta reordenación es la supresión de 189 veladores de las 286 de los 31 establecimientos afectados, lo que supondrá que “63 familias se queden sin empleo de manera inmediata”, a lo que habría que sumar el coste de mantener una renta que está de media entre 40 a 50 euros por metro cuadrados. Además, se seguiría pagando la misma tasa de basura, al computar los metros cuadrados de la terraza, no por veladores, reduciendo además los ingresos de Urbanismo, puesto que se paga 60 euros al mes por cada uno.

No habrá llamada, por ahora

Fuentes municipales han confirmado a Viva, por ahora, no habrá llamada a Arenas y que el equipo de Gobierno mantendrá la propuesta de reordenación de los veladores se ha realizado analizando las ordenanzas y cumpliéndolas “a rajatabla”, es decir, que todas las modificaciones están contempladas como posibilidad en la propia normativa.

Sí que reconocen que se podría haber reducido el número de veladores en el periodo de renovación antes de noviembre del pasado año, pero que se prefirió dar prioridad al procedimiento de elaboración del plan de ordenación, “con todos los trámites y dando toda la seguridad jurídica”.

Eso sí, recuerdan que, jurídicamente, la licencia de los veladores –como otros elementos de ocupación de la vía pública- se otorga “en precario”, es decir, que el Ayuntamiento siempre tiene la potestad de revocar la licencia, de forma temporal o definitiva, por interés general (como en Semana Santa) y por causas justificadas, como pueden ser los criterios de seguridad o accesibilidad que inspiran esta nueva reordenación. Un velador “no es un derecho adquirido de por vida” de un establecimiento, puntualizan, sino que requiere el permiso de la para ocupar el espacio público.