El grupo municipal de Participa Sevilla trasladará al próximo Pleno del Ayuntamiento hispalense una moción para que el Consistorio se posicione ante un tratado económico "que provocará pérdidas de derechos laborales, democráticos, judiciales y medio ambientales como es el tratado económico entre la Unión Europea (UE) y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés)".
Según informa la formación verde morada en una nota, Participa ha recordado que "en el último pleno municipal, PP, PSOE y Ciudadanos se aliaron para impedir que se debatiera esta moción sobre el CETA, muy similar al que actualmente se encuentra paralizado entre Estados Unidos y la UE, el denominado TTIP".
En este sentido, la portavoz de Participa, Susana Serrano, se ha preguntado "si PSOE y Ciudadanos entonces mostraron su oposición en Sevilla al TTIP, por qué ahora se negaron a debatir sobre este tratado que es prácticamente igual".
La moción de la formación verde morada es una propuesta de la 'Plataforma Sevilla contra el TTIP', que está conformada por CCOO, UGT, CGT, Facua, Ustea, Fempes, Asociaciones de Vecinos, RANA, Mujeres de Negro, Ecologistas en Acción, Equo, Partido Comunista, Podemos, IU, Participa Sevilla, Asongd, CUT, Asamblea de Andalucía, Solidaridad Internacional, Apdha, Iniciativa Cambio Personal, Entrepueblos y PACD.
Con esta propuesta al pleno se pretende "denunciar el oscurantismo y la falta de información que existe alrededor de los tratados económicos que firma la Unión Europea". Según se recoge en la moción, se exige al Ayuntamiento de Sevilla que "rechace completamente el CETA, así como el resto de tratados comerciales internacionales que la UE está negociando ahora mismo como TTIP o TISA".
Además, se apuesta por que Sevilla inste al Gobierno central para que la ratificación del CETA en el Estado español "sea mediante un referéndum en el que participe toda la ciudadanía, no sólo mediante un decreto del Gobierno o de una votación en el Congreso de los Diputados".
"Una situación que se sabe que va a ser muy difícil, ya que recientemente en el Congreso de los Diputados, la mayoría apostó por evitar que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su contenido", ha reconocido Serrano, quien también ha recordado como el pasado jueves "sólo Auxiliadora Honorato (diputada de Unidos Podemos por Sevilla) participó en un debate en la capital hispalense sobre este tratado en el que estaban invitados todos los grupos políticos con representación en el Congreso, es decir, PP, PSOE y Ciudadanos".
Esta consulta al Constitucional se centraba especialmente en la "inconstitucionalidad" de los nuevos tribunales de arbitraje. "Especialmente preocupante son los tribunales de arbitraje que constituyen un mecanismo que pueden utilizar las empresas privadas cuando consideren que se ha vulnerado su capacidad de obtener mayores beneficios económicos, ya que establecen un sistema de justicia paralelo para las grandes empresas y, sobre todo, la creación de un supuesto derecho de éstas al enriquecimiento ilimitado", como recoge la moción y se ha podido "comprobar" en el proyecto Castor o como España fue el país "más demandado en 2015 por inversores extranjeros ante cortes de arbitraje, como más de 700 demandas", han avanzado desde Participa.
En este sentido, Serrano ha lamentado que la "reticencia" de algunos parlamentos europeos a aprobar estos tribunales de arbitraje va a retrasar la aprobación definitiva del CETA durante años. "Como se advierte desde la plataforma sevillana, cada vez las decisiones que nos afectan en nuestro día a día en Sevilla se toman desde lugares más lejanos y con menor transparencia", ha apuntado la edil de Participa.
Para concluir, desde Participa recogen que este tratado supone, según se explica en la moción, "una reconfiguración de todo un conjunto de normas de tipo social, jurídico, laboral y medioambiental que regulan la actividad empresarial". En este sentido, "el verdadero objetivo es facilitar el enriquecimiento privado de las multinacionales con sede en la Unión Europea y en Canadá --donde hay 41.000 empresas estadounidenses registradas--, y para ello se modifican y relajan todos los tipos de regulación que, para mejorar la calidad de vida de la mayoría, pone límites a la libre actuación de la empresa".
"Es una especie de una constitución de los derechos de las empresas, que estará por encima de los derechos de las personas", ha manifestado para concluir Serrano.
