El clamoroso rechazo de la sociedad hace poco más de un año a la sentencia de La Manada, cuya revisión llega este viernes al Tribunal Supremo, catalizó las reivindicaciones del movimiento feminista en España, unas demandas que hoy siguen vivas.

Esa mecha había prendido el verano de 2016 cuando se conoció que una joven había denunciado una violación grupal en las fiestas de San Fermín. Y no hizo más que ampliarse con el juicio celebrado en la Audiencia de Navarra en noviembre de 2017.

El grito de "no es no" se escuchó todos los días a las puertas del tribunal durante la celebración de la vista oral y corrió como la pólvora por las calles y plazas de toda la geografía española. El rechazo a la violencia sexual fue uno de los principales asuntos que protagonizaron las protestas del 8M de 2018 tras el caso de La Manada.

Un mes y medio después de la movilización violeta, la Audiencia de Navarra hizo pública su sentencia: 9 años de cárcel para cada uno de los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso y no de agresión sexual (violación) al no apreciar violencia o intimidación.

El tribunal consideró probado que la víctima, "atemorizada y sometida", "no prestó su consentimiento libremente, sino viciado" y "coaccionado" por los cinco acusados.

Aun cuando los jueces admitieron que éstos aprovecharon la "situación de preeminencia" y superioridad "para abusar sexualmente" de la joven, el tribunal estimó que los acusados no emplearon un medio físico para doblegar su voluntad. Es decir, no vieron intimidación.

Este fallo contó con un criticado voto particular en el que uno de los magistrados pidió directamente la absolución de los encausados al enmarcar lo ocurrido en un "ambiente de jolgorio y regocijo". Incluso alegó que los gestos de la víctima le sugerían "excitación sexual". 

El rechazo frontal a esa sentencia movilizó a multitud de personas en toda España: muchas mujeres sintieron que se había cometido una injusticia al cuestionar el testimonio de la víctima y subestimar la actuación de los agresores.

Las calles se volvieron a llenar de protestas en las que se gritaban consignas como "tranquila hermana, aquí está tu manada", "no es abuso, es violación" o "yo sí te creo", y las organizaciones feministas alertaron del mensaje de permisividad que se lanzaba desde la Justicia a los agresores.

Esta indignación creció aún más cuando dos meses después de conocerse la sentencia, la Audiencia de Navarra dejó en libertad condicional bajo fianza de 6.000 euros a los cinco miembros de La Manada, al no tratarse de una condena firme. Miles de personas clamaron de nuevo contra la "justicia patriarcal".

Y lo volvieron a hacer cuando el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratificó la sentencia de la Audiencia. En esta ocasión tampoco hubo unanimidad entre los magistrados y dos de ellos volvieron a discrepar sobre si hubo intimidación o no.

Esos dos jueces sí vieron una intimidación que, a su juicio, "revistió un carácter particularmente degradante o vejatorio", por lo que estimaron que se debería haber condenado a los acusados a 14 años por agresión sexual, esto es, violación.

Estas discrepancias, unidas a la presión social, llevaron al Gobierno de Mariano Rajoy a encargar a la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia que revisara la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal.

Tras siete meses de trabajo, los expertos llegaron al acuerdo de modificar el Código Penal para que todo abuso sexual fuese considerado agresión. 

Un proyecto de reforma que tras la convocatoria de elecciones ha quedado a la espera de que se reactive con el Gobierno que se constituya. 

El movimiento feminista confía en que la decisión del Supremo siente doctrina sobre la intimidación en los delitos contra la libertad sexual en un sentido que sea más garantista con las víctimas. De ello dependerá que las calles españolas vuelvan a movilizarse exigiendo el fin de la violencia sexual.