El Pleno del Congreso aprobará el próximo jueves 28 de septiembre su documento para el Pacto contra la violencia machista que cuenta con 212 medidas que los partidos consideran fundamentales para luchar contra esta lacra. Junto a ellos, hay 70 votos particulares que también se debatirán.
Los partidos buscarán estos días la unanimidad que no consiguieron durante su aprobación en la Comisión de Igualdad del Congreso, cuando Unidos Podemos decidió abstenerse. A pesar de que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, aseguró esta semana que había acuerdo entre todos los grupos, fuentes parlamentarias han señalado a Europa Press que el voto del grupo morado dependerá de cómo quede finalmente el texto.
Una vez aprobado el texto, junto con el que el Senado aprobó la pasada semana, el Gobierno tendrá 2 meses para articular un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contará con un presupuesto de 1.000 millones de euros en cinco años a repartir entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos.
Entre las iniciativas más novedosas está la articulación de unidades de apoyo local que ayuden a identificar posibles casos de violencia de género, con independencia de la interposición de la denuncia. Así, las mujeres maltratadas que no hayan acudido a las fuerzas de seguridad podrán ser consideradas víctimas y recibir protección. Además, plantea que la Policía Local también proteja a las víctimas.
En el ámbito sanitario, sugiere formar a los profesionales que atienden a las víctimas en las necesidades específicas de las mujeres transexuales o transgénero víctimas de violencia de género e incluir en los protocolos sobre violencia de género, un epígrafe específico para la atención de las agresiones contra mujeres transexuales o transgénero.
Además, el documento contiene medidas en el ámbito audiovisual, como la que propone suscribir convenios con asociaciones de guionistas para fomentar el tratamiento de la imagen de la mujer "libre de estereotipos y prejuicios" y evitar el "erotismo prematuro".
TRATA, MUTILACIONES GENITALES Y VIOLENCIA SEXUAL
El informe también contempla la ampliación de la definición del concepto 'violencia de género' a "todos los tipos de violencia contra la mujer" contenidos en el Convenio de Estambul --matrimonios forzosos, mutilaciones genitales femeninas, trata o violencia sexual--, aunque relega la respuesta penal a leyes específicas.
En concreto, el documento incluye un epígrafe específico sobre la "visualización y atención a otras formas de violencia contra la mujer", como la de carácter sexual. Así, se creará una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual y se impulsarán medidas de prevención y concienciación sobre esta forma de violencia de género, con campañas, materiales informativos y protocolos de actuación, teniendo en cuenta las diferentes realidades de las mujeres, especialmente en el ámbito educativo desde Educación Infantil.
La subcomisión del Congreso también insta a aprobar una Ley Integral de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. También contempla la elaboración de un estudio sobre las nuevas realidades de la trata y las respuestas operativas que deben implementarse.
DESINCENTIVAR LA DEMANDA DE PROSTITUCIÓN
Para "desincentivar la demanda de prostitución", indica que se harán campañas de concienciación, y talleres dirigidos a los jóvenes" y que las administraciones habrán de difundir información sobre violencias machistas entre las mujeres que ejercen la prostitución y se establecerá un sistema de análisis estadístico que las recoja.
El pacto recoge, asimismo, la puesta en marcha de instrumentos de protección de emergencia para las víctimas de matrimonio forzado y eliminar las trabas para que puedan acogerse al derecho de asilo.
Además, reclama medidas que permitan que la custodia compartida "en ningún caso se imponga en casos de violencia de género" y que no pueda adoptarse, "ni siquiera provisionalmente", si se está en curso un procedimiento penal por violencia de género y existe orden de protección.
También se establece el carácter "imperativo" de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera "presenciado, sufrido o convivido" con manifestaciones de violencia. Igualmente, se suprime la atenuante de confesión en delitos de violencia de género, cuando las circunstancias de los hechos permitan atribuir fehacientemente su autoría.
CAMPAÑAS CONTRA LAS AGRESIONES SEXUALES EN CITA
En el ámbito educativo, el informe establece incluir "en todas las etapas educativas" la prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas y garantizar dicha inclusión a través de la Inspección Educativa; designar en los Consejos Escolares de los Centros Educativos un profesor encargado de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad; y realizar campañas de prevención en las universidades, prestando una atención particular a las "agresiones sexuales en cita" y solicitando el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para los programas de formación y prevención.
También contempla que para la concesión y mantenimiento de becas y ayudas al estudio, pueda ser excepcionada la exigencia de cumplimiento de umbral académico cuando se acredite que la persona ha sufrido una situación de violencia de género. En cuanto a los profesores, introducir en el título de grado de Educación Infantil o Primaria de las Facultades de Educación, tanto en la enseñanza pública como en la privada, una materia específica sobre prevención de la violencia de género en el medio escolar.
DISCREPANCIAS
Entre las medidas que no todos apoyan, y que se tramitan este jueves como votos particulares, está la propuesta socialista para que menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar no necesiten el consentimiento de los padres para abortar. Además, pondrán su empeño en modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para restringir en casos de violencia de género la dispensa a declarar contra un agresor, según ha explicado a Europa Press la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez.
Los socialistas han iniciado, además, una ronda de contactos para conseguir el apoyo de todas las fuerzas e incluir en el texto final la inclusión como víctimas de violencia machista a aquellas madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas. Una iniciativa que busca poner remedio a la situación de mujeres como Ruth Ortiz, cuyo exmarido, José Bretón, descuartizó y quemó a sus hijos como venganza hacia su mujer, después de que ella le comunicara que iban a separarse.
Por su parte, Unidos Podemos ha registrado votos para la creación de equipos mixtos en los deportes de equipo federados; garantizar libre elección de las prendas del uniforme escolar; restituir la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular para detectar casos de mutilación genital; garantizar acceso universal a la reproducción asistida y un protocolo para la violencia de género contra mujeres lesbianas, transexuales y transgénero.
Quiere también que la violencia de género sea considerada como "terrorismo machista" otorgando a las mujeres maltratadas mismos derechos que a víctimas del terrorismo. Al igual que Compromís, que también coincide con la formación morada en pedir una Ley de Violencias Machista que incluya toda tipología de violencia machista reconocidas en el Convenio de Estambul --trata, violencia sexual, mutilación genital, matrimonio forzoso, entre otras--.
Ciudadanos, por su parte, ha presentado un voto particular para garantizar la eficiencia en la aplicación de los recursos y el seguimiento del Pacto.
