El Ayuntamiento de Torremolinos, en relación con la ocupación por parte de un grupo de familias de algunos inmuebles de una urbanización situada en la zona norte del municipio, quiere transmitir a la opinión pública su preocupación por este hecho respecto del cual carece de competencias para protagonizar alguna actuación concreta.

 

El Ayuntamiento quiere también significar que existe denuncia ante la Policía Nacional de la propiedad de dichos inmuebles, y que no puede más que limitarse a esperar la actuación de las autoridades competentes ante lo que considera unos hechos que, evidentemente, constituyen un atentado contra la propiedad privada, garantizada por nuestra Constitución, y también contra nuestro Estado de Derecho, y cuya solución será más difícil cuanto más se prolongue la referida ocupación  que, a diferencia de otras ocupaciones ilegales de viviendas, cuenta en este caso con el factor de que, según propia confesión, los protagonistas de este hecho estaban alojados anteriormente en viviendas de familias.