Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la banda captaba personas interesadas en las subastas judiciales en el entorno de los juzgados de Viapol y les hacían creer que podían adquirir propiedades inmobiliarias que se encontraban embargadas judicialmente antes de su salida a subasta pública mediante lo que ellos llamaban "designación judicial directa", ahorrando mucho dinero gracias a sus contactos con los encargados del procedimiento.
Para ello, uno de los ahora detenidos se presentaba como Fiscal, ofreciendo diversas propiedades que podían ajustarse a los intereses de las víctimas y entrevistándose con ellos en las dependencias que el Colegio de Abogados de Sevilla tiene asignadas en el edificio Viapol. Al exigir los compradores las oportunas garantías o desconfiar del supuesto Fiscal, otro miembro de la organización se hacía pasar por Perito Judicial y se desplazaba con ellos hasta la propiedad que supuestamente iba a ser subastada, donde simulando llevar a cabo una tasación reforzaba la confianza de las víctimas y les hacía creer de manera definitiva que iban a adquirir un inmueble embargado.
A continuación, otros de los miembros de la organización se hacían pasar por secretarios judiciales y falsificaban los documentos necesarios que daban fe pública. La entrega del dinero se hacía en sede judicial en el edificio Viapol, donde primeramente entregaban un 30 por ciento y días más tarde el resto de la cantidad convenida con el supuesto Fiscal, que les entregaba toda la documentación oportuna debidamente falsificada, incluidos resguardos de los ingresos bancarios.
Si alguno de los compradores mostraba reparos morales en adquirir un inmueble que hubiera sido embargado a una familia, uno de los integrantes de la banda se hacía pasar por un empresario interesado también en dicha finca, al objeto de obligar al comprador a decidirse de manera inmediata.
VENTAS
Con este 'modus operandi' la organización realizó transacciones como una finca de 600 hectáreas en la localidad de Hinojos por 103.000 euros; una nave industrial en el polígono PISA de Mairena por 230.000 euros; una casa en El Rocío, que vendieron en dos ocasiones distintas que les reportó 240.000 y 230.000 euros, respectivamente; un piso en La Antilla por 70.000 euros; dos casas en la localidad de Manzanilla por 78.000 y 74.000 euros, respectivamente; y un piso en Punta Umbría por 30.000 euros.
La Policía Nacional tuvo conocimiento de lo sucedido la última semana de enero, a través de la denuncia de uno de los afectados. La investigación fue asumida por especialistas en este tipo de fraudes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que procedieron a verificar los hechos denunciados e identificar y localizar a todos los integrantes de la banda, así a su detención y puesta a disposición judicial con las pruebas e indicios necesarios para demostrar su implicación y que ninguno pudiera eludir la acción de la justicia.
La detención de todos los integrantes de la red se produjo de forma simultánea en diversas localidades de la provincia y en Sevilla capital, gracias a un dispositivo desarrollado por los policías que hizo creer a los autores que se dirigían a diversas citas con nuevas víctimas. Además se practicaron tres registros domiciliarios interviniéndose tres vehículos de gama alta, varios ordenadores y numerosa documentación que los especialistas todavía están analizando, por lo que los agentes no descartan la aparición de nuevas víctimas o más detenciones.
Los cinco detenidos, de los que sólo uno tenía antecedentes previos por un ilícito de otra naturaleza, fueron puestos a disposición judicial tras la finalización de las diligencias policiales. Tres de ellos ya han ingresado en prisión.
