El presidente del PP-A de Cádiz, Antonio Sanz, estimó ayer en 47 millones de euros el ahorro que supondrá para el Ayuntamiento de Jerez la aplicación de la reforma de la administración local promovida por el Gobierno central. Ese ahorro se computaría en los próximos cinco ejercicios y sería posible gracias, entre otras cosas, a la obligatoriedad que se impondrá a los ayuntamientos de no asumir competencias propias de las comunidades autónomas.
Es más, la reforma incorpora incluso un mecanismo legal que impide que las comunidades mantengan deudas con los ayuntamientos, tal y como ocurre ahora, por ejemplo, con el caso del IBI. En concreto, lo que plantea el texto es que esas cantidades sean retenidas por el Estado del dinero que debe transferir a cada comunidad, derivándola automáticamente a los consistorios afectados.
En opinión de Sanz, este nuevo marco legal “va a revolucionar la vida local en positivo”, toda vez que “por primera vez se fija un conjunto de competencias propias de los ayuntamientos”, prohibiéndose que asuman otras que no les corresponden, lo que a su juicio evitará que se alcancen “niveles de déficit” inasumibles.
En el lado opuesto quedarán las comunidades autónomas, a quienes la reforma “obligará a apretarse el cinturón”, algo que “es bueno” por cuando se acabará con el “despilfarro”, negando en todo caso Sanz que exista peligro de que esa reordenación de las competencias pueda dar lugar a pérdida de empleo en el sector público.
La reforma de la administración local incluye también una serie mecanismos de control y topes para los salarios de los políticos, personal eventual y funcionarios.
Los ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes tienen hasta cinco años de plazo para acogerse a la nueva normativa, mientras que en el caso de las entidades locales autónomas (ELA) ese margen se reduce hasta los tres meses. En cualquier caso, la reforma garantiza la supervivencia de estos entes, salvo en aquellos casos en los que no se adaptaran a la reforma, quedando entonces en manos de las diputaciones.
“Una competencia, una administración”
Entre otras cosas, Sanz defendió que la reforma parte de la premisa de que cada competencia debe asignarse a una administración, evitándose que, tal y como ocurre ahora, se den casos de “duplicidades e incluso triplicidades”, con lo que ello supone de molestia para el ciudadano y de sobrecoste para la administración. “Se trata de adecuar las corporaciones municipales al siglo XXI y a la realidad de la crisis económica. El objetivo es clarificar el ámbito de competencias de cada administración y que, a partir de esta ley, el ciudadano sepa realmente a quién dirigirse cuando vaya a plantear una demanda”, añadió Sanz.
