La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno que desestimaba en su integridad una demanda presentada por una empleada municipal -la que fue jefa de Protocolo y Relaciones Públicas de la exalcaldesa María José García-Pelayo- contra su cese aprobado tras el cambio de Gobierno Municipal va más allá toda vez que de la misma puede concluirse que hasta 32 nombramientos de altos cargos no se ajustaron a la legalidad.
Como ya se explicaba ayer, la sentencia destaca que esta empleada fue nombrada mediante una adscripción temporal en comisión de servicio el 31 de octubre de 2012 y recuerda que la ley establece un plazo máximo de dos años para este tipo de nombramientos, que expiró el 31 de octubre de 2014.
Pero ante esta circunstancia, el Gobierno de García-Pelayo aprobó ese mismo día su cese y un segundo nombramiento en comisión de servicio. El auto considera que esta operación estaba destinada “a burlar la norma que determina su duración máxima”, añadiendo que “los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.
El Gobierno local recuerda ahora que en el mismo acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de octubre de 2014, el Ejecutivo de García-Pelayo aprobó 32 nombramientos como el que aborda la referida sentencia. Por tanto, entiende que todos estos nombramientos perseguían igualmente “burlar la norma”, adoptándose por tanto “en fraude de ley”. El Gobierno socialista cree por tanto que la sentencia pone de manifiesto la “desastrosa y arbitraria gestión” del PP.
