La Junta de Andalucía y el Gobierno central se enzarzaron ayer, un día después de que el Parlamento Europeo anunciara que enviará una misión especial para conocer de primera mano los riesgos que entrañan los proyectos de Gas Natural en el entorno del Parque Natural de Doñana, en un cruce de acusaciones sobre quién puede o no paralizarlos.
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró, en declaraciones a la Cadena Ser, que paralizar el proyecto de gas de Doñana está “sólo” en la mano de la Junta, que es la que ha dado el visto bueno a la declaración de impacto ambiental.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no tardó en responder a la ministra, prácticamente en los mismos términos que se había pronunciado antes García Tejerina, pero en sentido opuesto. Y en lugar de hacerlo por la radio, lo escribió en su perfil de Twitter. “La única administración que puede paralizar” el proyecto de gas en Doñana “en su conjunto es el Gobierno central”, dijo Susana Díaz.
La presidenta de la Junta acusó a la ministra Isabel García Tejerina de “llegar tarde a Doñana, de nuevo”. E insistió en que “la única administración que puede parar el proyecto de gas en su conjunto es el Gobierno central. Desde la Junta de Andalucía exigimos la máxima protección al pulmón verde de Europa”, concluyó.
A la disputa se sumó también el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, que acusó directamente de “mentir” a la ministra Isabel García Tejerina, por sus declaraciones a la Cadena Ser. Fiscal, igual que Díaz, señaló que la “única” administración que puede paralizar los proyectos de Gas Natural es el Gobierno de España. “Nosotros hemos hecho lo que hemos podido, actuar contra los subproyectos que estaba previsto que atravesaran el interior de Doñana, pero la forma de paralizarlo completamente es considerar los cuatro proyectos como uno”, dijo.
