El exvicepresidente del Patronato Provincial de Turismo de Almería y exvicepresidente de la Diputación almeriense Luis Pérez (PSOE) ha indicado este viernes que las facturas y documentos que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería relativas a la financiación de viajes que presuntamente no se llegaron a realizar o no se realizaron por responsables de la Institución Provincial fueron "aprobadas por el Consejo de Patronato", sentido en el que ha matizado que él mismo no ha conformado "ninguna factura".
Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas a su salida de la Ciudad de la Justicia, donde, junto con otros tres imputados por presuntos delitos continuados de falsedad y malversación, ha prestado declaración ante el juez a tenor de la supuesta emisión de "facturas ficticias" por un importe superior a 460.000 euros correspondientes a viajes realizados a través del Patronato Provincial de Turismo durante la anterior etapa de gobierno.
"Yo no he conformado ninguna factura, no he dicho que sea buena ni mala, pero no podía tener ninguna responsabilidad en este tema", ha explicado Pérez, quien ha dado cuenta en su declaración del funcionamiento del Patronato de Turismo. "He aclarado todas las cuestiones que se me han planteado", ha considerado el exvicepresidente, cuyo abogado, Domingo Simón, se ha mostrado "contento y satisfecho" con el desarrollo de las declaraciones.
Sobre el viaje a Edimburgo (Escocia) realizado en 2010 junto con el entonces gerente del Patronato, Francisco Iglesias, y que según el informe de la Policía Judicial se realizó de manera "privada" y con "otras personas" a costa del Patronato, Pérez ha defendido que ese viaje fue "público" y "no se invitó a nadie".
En esta línea, ha puntualizado que si bien hubo acompañantes en este viaje que no se correspondían con trabajadores de la institución, estas personas "pagaron su parte aparte". Asimismo, ha insistido en el que se trataba de un viaje de trabajo anunciado a través de los medios de comunicación, que fue aprobado por el consejo rector y que se realizó bajo invitación de Turespaña y con la colaboración de la Junta de Andalucía, como en otras 39 acciones del mismo tipo, según ha precisado.
Sobre el viaje a Reino Unido también se ha pronunciado la defensa del exgerente del Patronato representada por el letrado José Luis Alabarce, quien ha señalado que el viaje se realizó de manera "oficial" y no de manera "privada" pese a que en el mismo Iglesias fuera acompañado su esposa, quien "pagó los gastos con dinero de sus propios fondos".
Durante la sesión, en la que los letrados han podido asistir también a la declaración prestada por cuatro testigos vinculados al Patronato; la defensa de Iglesias ha mantenido que el nombre de su representado "se ha estado usando" para "realizar una serie de facturas" con las que "alguna persona se ha enriquecido".
Al hilo de esto, la denuncia de la Fiscalía apunta el gerente de la agencia de viajes, J.G.F.M. "confeccionó" las facturas incluidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito de 2010, sentido en el que se le ha requerido la documentación "referida a los viajes realizados efectivamente y por lo que no realizó facturas según sus manifestaciones a los agentes de la Policía".
"GRAN NÚMERO DE FALSEDADES"
En declaraciones a los medios tras más de seis horas desde su entrada a los juzgados, el letrado del exgerente ha señalado que el estudio ha permitido comprobar que "las falsedades no son las que se dicen, sino que hay un gran número de falsedades más".
Así, ha insistido en que su patrocinado "fue la primera persona" en denunciar los hechos que ahora se instruyen tras la denuncia presentada por el actual equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Almería (PP); un hecho que "se ha omitido" y ha supuesto un "gran perjuicio" para su cliente, según ha expuesto, antes de indicar que solicitará el sobreseimiento de la causa hacia él.
También han declarado ante el magistrado Luis Durbán la exsecretaria delegada del Patronato, María Teresa G.R., y el gerente de la agencia de viajes que emitió las facturas. En esta línea, el abogado defensor de la exsecretaria, Francisco Torres, ha puntualizado que se ha "acreditado" que el trabajo de su defendida como funcionaria "ha sido correcto" toda vez que ha resaltado que "las labores de fiscalización no dependían de ella".
CUESTIONES "POLÍTICAS"
Torres ha basado su defensa en señalar que entre las labores de María Teresa G.R. no se encontraba la fiscalización de las cuentas, sino que para esta labor estaban los funcionarios de intervención y el propio interventor de la institución. Con esto, ha considerado que el fondo de este caso es "eminentemente político" y por ello "no tiene por qué tener eco en un juzgado".
"Habría que investigar a corporaciones anteriores para ver si han producido viajes por el mundo a costa del Patronato o no", ha dicho tras expresar sus impresiones sobre dar un sentido "amplio" a la investigación.
Las distintas partes han señalado que el magistrado no ha requerido, por el momento, nuevas declaraciones de los imputados en esta fase de la instrucción iniciada después de que el PP remitiera en enero de 2013 a la Fiscalía un expediente en el que se incluían facturas por un valor de 44.500 euros abonadas por este órgano y correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros datos, o bien "no viajó nadie" o bien se contrataron bajo el nombre de trabajadores del patronato que no los realizaron.
En concreto, en la denuncia, según informó el vicepresidente, Javier Aureliano García, se especifican, al menos, ocho viajes a lo largo de 2010 a destinos como Viena, Londres, Zúrich o Madrid presuntamente ficticios o en los que se habría emitido una supuesta doble facturación. Al tiempo, se adjuntó un informe de Intervención en el que se apuntaba el carácter "un poco extraño" de las citadas facturas, que se abonaron en abril de 2011 mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito.
Con posterioridad a esta denuncia, desde la Diputación de Almería se remitió al juzgado 99 facturas más "supuestamente falsas" por valor de cerca de 400.000 euros y sobre viajes supuestamente realizados durante las mismas fechas para que se incorporaran a la causa.
