El Betis, que ejerce la acusación particular, ha pedido doce años de cárcel para el empresario Luis Oliver por delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales cuando ejerció como consejero delegado tras comprar sus acciones a Manuel Ruiz de Lopera.
Fuentes del caso han informado a Efe de que el Real Betis, en un escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, imputa a Oliver un delito continuado de apropiación indebida, con una condena de seis años de prisión y multa de doce meses, aunque si se considera que el delito es de administración desleal, la pena sería de cuatro años.
Así, por presunto blanqueo de capitales, el club solicita seis años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante tres años.
Para el expresidente José León y el exvicepresidente Jaime Rodríguez-Sacristán, el Betis pide las mismas penas de seis años de cárcel como cooperadores necesarios de un delito continuado de apropiación indebida y otros seis años como cooperadores de un delito continuado de blanqueo de capitales, así como inhabilitación de tres años.
Para los empresarios José Angel Mayayo, José María Galvez e Isabel Escrig, la acusación reclama seis años de cárcel por un presunto delito continuado de blanqueo de capitales.
Para Plácido Roblas, en caso de prosperar el recurso interpuesto contra el auto que lo exculpó de la causa, el Betis solicita seis años por un presunto delito continuado de blanqueo de capitales.
En cuanto a la responsabilidad civil, esta acusación pide que Oliver, León y Rodríguez-Sacristán indemnicen solidariamente al Real Betis en 1.153.213 euros por las cantidades presuntamente defraudadas.
Ese montante equivale a 843.000 euros por las comisiones "ilícitas" en los traspasos de Mehmet Aurelio (354.000 euros) y Sergio García (489.000 euros), 101.000 euros satisfechos a Plácido Roblas por la "utilización ilícita" de la mercantil Sport Transfer Management en el traspaso de Sergio García, 146.200 euros por el contrato suscrito con la sociedad Orión Consultoría, 35.400 euros por el contrato con Deleytax y 27.613 euros por el contrato con la sociedad Lucerna Technology.
Estas diligencias por el cobro de comisiones y por contratar a empresas del entorno de Oliver, pese a que el Betis disponía de tales servicios, están a cargo del juez de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla y se derivan de las que mantiene abiertas la juez titular, Mercedes Alaya, contra Manuel Ruiz de Lopera por su gestión del Betis.
Fuentes del caso han informado a Efe de que estas peticiones de condena se unen a las solicitadas por las plataformas de oposición, que han pedido para Oliver seis años de cárcel por presunta apropiación indebida, otros dos años y nueve meses por blanqueo de capitales y una multa de 1,6 millones de euros.
A León y Rodríguez-Sacristán, los consideran cooperadores necesarios y las plataformas piden para ellos tres y dos años de cárcel, más una multa de 1.089.200 euros para León y de 1.675.219,50 para Rodríguez-Sacristán.
