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El Portal de Transparencia del Congreso sólo ha recibido una treintena de preguntas en dos meses

De todas estas consultas ciudadanas, entre las que hay también algunas procedentes de medios de comunicación, sólo una fue inadmitida a trámite por no ajustarse a las normas aprobadas por la Mesa del Congreso, y todas las demás ya han sido resueltas

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El Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados sólo ha recibido una treintena de consultas en los dos meses que lleva abierto, según han desvelado este miércoles los encargados de su gestión en un encuentro informativo que ha tenido lugar en la Cámara Baja.

   De todas estas consultas ciudadanas, entre las que hay también algunas procedentes de medios de comunicación, sólo una fue inadmitida a trámite por no ajustarse a las normas aprobadas por la Mesa del Congreso, y todas las demás ya han sido resueltas.

   Además de toda la información económica, contractual y organizativa que se puede consultar a través del Portal de Transparencia desde el pasado 26 de febrero, éste sirve también para que los ciudadanos canalicen on line peticiones específicas de información a la Cámara Baja.


   El Congreso cuenta con un mes de plazo para responder a los ciudadanos si concede o deniega la información solicitada que podrá ampliarse a dos meses si ésta es muy extensa o compleja. Si no se recibe contestación en el plazo máximo fijado, el solicitante habrá de entender que su petición ha sido desestimada.

NO SE ADMITEN EXPRESIONES INDECOROSAS

   Además de los datos necesarios para poder recibir la pertinente contestación, los ciudadanos que se dirijan al Congreso deben cumplir otro requisito para ver satisfecha su demanda: no incluir en sus escritos "expresiones indecorosas contra personas o instituciones, así como meros juicios de valor u opiniones".

   El acceso a la información es gratuito, pero se podrán requerir pagos concretos si hay que expedir copias o adaptar la información a un formato diferente al original.

   La Cámara creó una Comisión de acceso a la información pública para gestionar las peticiones de información y de la que forman parte altos funcionarios de la Cámara. En caso de desacuerdo con la decisión de esa comisión, existe la posibilidad de recurrir ante la Mesa del Congreso, que tendrá la última palabra.

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