La provincia de Cádiz ha perdido 3.000 empleados públicos desde el 2014 hasta el 2016. En aquel año había aproximadamente unos 75.000 trabajadores de los distintos entes oficiales, por los 72.214 actuales.
En cuanto a los datos más recientes, la administración pública estatal acapara la mayor parte: 22.315 de los mencionados 72.214.
Le sigue la Junta de Andalucía, con 33.092 contrataciones y los ayuntamientos, con 14.700. Además, la universidad cuenta con una plantilla de 2.107 personas.
Este monto total convierte a Cádiz en la provincia con mayor número de funcionarios, por encima de Sevilla (20.531) y de Málaga (11.220).
Respecto a estos números, la Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF) llamó la atención sobre las consecuencias en el servicio público prestado ante tal reducción en las instituciones oficiales, “que solamente se ha mantenido gracias al esfuerzo de los empleados”, según señalaron desde la organización.
Eloísa Bernal, vicepresidenta de CSIF, criticó en esta tesitura “la no sustitución, la tasa de reposición y la política de recortes que está llevando la Administración”.
También llamó la atención sobre la disminución del número de plazas en las nuevas convocatorias de empleo en las distintas instituciones, las cuales considera “insuficientes para mantener el número adecuado de empleados públicos y mantener la calidad en estos servicios”.
La sindicalista defendió que todos los sectores necesitan refuerzos pero subrayó en especial aquellos que están más en contacto directo con la ciudadanía, como es el caso de la sanidad. “La situación en hospitales y centros de salud es absolutamente de colapso: hemos visto cierres de camas y las plantillas absolutamente recortadas con un incremento en el número de pacientes que tienen que atender”, dijo, añadiendo que el estado de los centros hospitalarios es “intolerable”.
En este sentido, puso el hospital de La Línea de la Concepción como ejemplo de la falta de recursos con las que realizan sus tareas estos profesionales. En relación a este ámbito, reprochó “la actitud de la administración de mirar hacia otro lado” en las agresiones sufridas en el lugar de trabajo.
A juicio de CSIF, faltan medidas disuasorias y que la propia Administración dé el paso de denunciar estos casos ya que, según hizo hincapié, es el trabajador quien tiene que seguir atendiendo a los mismos usuarios.
Bernal dibujó una situación parecida en la enseñanza, donde la reducción de profesores y la falta de recursos materiales, e incluso la actitud de “falta de respeto”, hacen también su mella particular en el ámbito educativo, según denunció.
En cuanto a la Junta, señaló que “los recortes de personal genera más carga de trabajo y menor eficiencia”.
Sobre la Justicia reseñó la necesidad de más jueces y juzgados, y de una plantilla de funcionarios que puedan hacer posible el trabajo de estos juzgados.
También destacó como “caso agravado” la falta de personal en la Administración General del Estado, en las oficinas del DNI en toda la provincia. “No podemos atender a la demanda de tramitación de documentos oficiales, lo que perjudica enormemente a los ciudadanos”, apostilló.
Bernal valoró por otro lado de forma positiva el decreto ley de la Junta sobre la vuelta a las 35 horas semanales, porque considera que “va a tener una influencia en la creación de empleo estable y de calidad en la provincia”. “Esperamos que la Junta de Andalucía cumpla su compromiso de devolver a estos empleados públicos el poder adquisitivo que teníamos antes de los recortes”, demandó por otra parte.
Si bien reconoce la voluntad de la Junta en este aspecto, debido a que se han empezado a recuperar algunos de los complementos perdidos, matizó que “aún quedan muchos asuntos pendientes”. “Estamos recuperando la paga extra del 2012, pero quedan también complementos adicionales de las pagas de 2013 y 2014 que no se han recuperado”, afirmó.
Bernal argumentó que esta recuperación del poder adquisitivo puede ser un factor importante para crear más empleo y consumo, y reactivar así la economía. De hecho, la vicepresidenta de CSIF cifró esta merma en la capacidad de compra entre un 30 y 40 por ciento entre el colectivo de funcionarios.
“Recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos es un estímulo del consumo, porque tiene un efecto positivo en la economía”, enfatizó la representante del CSIF.
“Oscurantismo” en los datos de los hospitales
La también secretaria de Acción sindical en CSIF Eloísa Bernal criticó además el “oscurantismo” de las instituciones ante las peticiones hechas para conocer datos concretos sobre las plantillas sanitarias. Igualmente, subrayó la situación de “colapso” que sufre el hospital de La Línea y recordó que para el 1 de diciembre está prevista una movilización para protestar contra esta situación y pedir que el futuro centro sanitario linense cuente con todos los medios adecuados.
