Después de que en la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Sevilla fuese rechazada una moción del PP en demanda de la comparecencia del concejal de Gobernación, el socialista Juan Carlos Cabrera, por el incidente en el que se vio involucrado el día de Reyes en el restaurante 'Princi.Pico', el edil ha defendido en un escrito que fue un familiar suyo quien reclamó la presencia policial y que no dio "orden" alguna a la Policía Local para que actuase, tras lo cual el PP le ha reclamado que dimita al considerar que ha modificado su versión de los hechos y ha admitido que "llamó al jefe de la Policía Local", incurriendo así en un "abuso de poder".
El escrito de Cabrera, adelantado por el diario ABC, gira en torno al incidente ocurrido el pasado 6 de enero en el restaurante 'Princi.Pico', al que Cabrera había acudido junto a su familia para almorzar. Al solicitar una mesa para diez comensales, se habría suscitado una discusión al negarse los responsables del establecimiento bajo la premisa de que las prevenciones frente a la pandemia estipulaban un máximo de seis personas por mesa, esgrimiendo Cabrera que para esa jornada festiva las disposiciones autonómicas sí permitían mesas con un máximo de diez personas.
Merced a dicha discusión, Cabrera afrontó acusaciones de Vox por supuestos insultos racistas y comentarios xenófobos. Tras una reunión entre Cabrera y el responsable del restaurante, Roberto Murados, a instancia de este último, el abogado del mismo, Joaquín Moeckel, explicaba que el responsable hostelero había admitido que en efecto, aquel día estaba permitido servir mesas de hasta diez personas y que medió un "error" por parte del restaurante a la hora de afrontar la situación, aludiendo a un "malentendido" derivado después en una "discusión" y en una "desagradable situación para todas las partes".
Igualmente, exponía que Roberto Murados había indicado que Cabrera no profirió ningún comentario xenófobo o racista en aquella discusión, tras lo cual Vox interpuso una denuncia contra el citado concejal socialista por presuntos delitos de coacciones, abuso de autoridad, prevaricación, de odio y de desorden público, atisbando un "claro abuso de autoridad" debido a la "muy numerosa dotación de efectivos" de agentes de la Policía Local personados en el lugar de los hechos, un despliegue "desmesurado y abusivo".
En ese marco, durante el último pleno ordinario fue rechazada una moción del PP en demanda de que Cabrera compareciese para aclarar si incurrió o no en un "abuso de poder" en el citado incidente a cuenta del despliegue de la Policía Local, adscrita a su área de gobierno, toda vez que Cabrera estaba ausente de la sesión plenaria al estar recluido en su hogar por su positivo en coronavirus Covid-19.
Dicha solicitud de comparecencia incluía 18 preguntas, para que Cabrera determinase si él llamó "directamente" al jefe de la Policía Local, si lo hizo identificándose como teniente de alcalde, cuanto tiempo tardaron los efectivos en trasladarse al lugar de los hechos desde la llamada, cuántos efectivos se desplazaron o si es "habitual que se desplace el jefe que se encuentra al frente del servicio para hechos supuestamente derivados por de un libro de reclamaciones", entre otros aspectos.
LA "DISCUSIÓN"
En ese sentido, tras dirigir el PP tales preguntas al alcalde, Cabrera expone en el citado escrito adelantado por ABC que ante la "discrepancia" suscitada aquel día en el restaurante, "se produjo una discusión" en la cual uno de sus familiares fue "empujado" y el encargado del local "no accedió" a entregar la hoja de reclamaciones.
Según el edil, él nunca se identificó como concejal y fue un familiar suyo quien "por decisión espontánea y propia" reclamó presencia policial mediante una llamada telefónica dirigida "por error" a la Guardia Civil en lugar de a la Policía Local, una llamada canalizada finalmente a la Policía Local y Nacional.
"Cuando la Policía llegó, ni mis familiares ni yo nos encontrábamos ya en el local. En ningún caso di órdenes de ningún tipo, ni a la Policía Local ni a la Policía Nacional, ni a nadie, para que actuaran en algún sentido", asegura Cabrera, exponiendo que habla "a diario" y "muchas" veces con el jefe de la Policía Local y aquel día comentó en una de sus conversaciones con dicho mando policial el "desagradable incidente" después de acontecer el mismo.
"Ni impartí instrucciones ni alenté ningún tipo de actuación", insiste Cabrera, detallando después merced a las preguntas del PP que la Policía Local, según la información proporcionada por el jefe del cuerpo, acudió al restaurante, ubicado junto a una sede policial, "entre 30 y 40 minutos después" de la llamada de su familiar, pesando el hecho de que hay "grandes diferencias en el tiempo de respuesta" de la Policía Local según los agentes en servicio, su proximidad al lugar de los hechos o las contingencias.
EL NÚMERO DE AGENTES
Durante la actuación policial, según detalla, "sólo dos agentes permanecieron en el restaurante" todo el tiempo, si bien "pasaron por el local dos parejas más mientras se desarrollaba la actividad", tratándose en todos los casos de agentes "de la escala básica, sin graduación". La actuación de los agentes, según Cabrera, estuvo "en todo momento" ceñida a los "criterios técnicos.
Ante este documento, el portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, ha reclamado la dimisión de Cabrera, "al cambiar su versión de los hechos y reconocer ahora que llamó al jefe de la Policía Local tras este incidente personal". El dirigente popular ha alertado de que en este escrito, Cabrera "modifica sustancialmente su primera versión, lo que da muestras de que mintió y pretendió dar por zanjado en una mesa de camilla un asunto en el que se evidencia un manifiesto abuso de poder".
Además, considera que con este escrito, Cabrera "descarga toda la responsabilidad de la inspección en el jefe de la Policía Local, al que atribuye la autoría del desproporcionado despliegue policial y posterior inspección del negocio".
ACUSACIONES DE "COBARDÍA" A CABRERA
"En un momento en el que los sevillanos que llaman diariamente al 092 por problemas realmente graves no son atendidos, es llamativo que para resolver un asunto personal del delegado haya tan inmenso despliegue policial", expone Beltrán Pérez, criticando que "Cabrera implique de esta manera tan cobarde a un funcionario que, ahora, por no asumir su responsabilidad el delegado, tendrá que explicar si cada vez que un ciudadano pide el libro de reclamaciones en un negocio y no se le facilita se organiza este dispositivo de esta magnitud".
Además, ha encuadrado la carta de Cabrera en una "maniobra in extremis" del mismo para "evitar que el PP eleve al alcalde una serie de preguntas en el próximo pleno" sobre el asunto. "Demuestra, por tanto, que Espadas quiso salvar a Cabrera al bloquear su comparecencia (al usar su voto de calidad en el empate inicial suscitado al ser votada la moción del PP) y ahora es Cabrera el que quiere salvar a Espadas de explicar lo inexplicable y la vergonzosa actuación del edil en aquella jornada", opina Beltrán Pérez, dando cuenta de que el PP ha registrado un total de 20 preguntas al pleno sobre el asunto, para que las responda el primer edil.
