Gibraltar y el Reino Unido recurrieron en 2009 la decisión de la Comisión Europea de incluir en su listado de Lugares de Interés Comunitario (LIC) el espacio propuesto por España. En sus recursos, alegaban que la titularidad española de esa zona violaba la soberanía británica de las aguas de la colonia y la jurisdicción que sobre ellas ejercen las autoridades gibraltareñas.
El Tribunal General de la UE considera “inadmisibles por motivos de procedimiento” ambos recursos, desechando que haya una vista oral o que se tengan en cuenta los fundamentos planteados por Gibraltar y el Reino Unido en sus escritos, según se dice en el comunicado.
El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, cree que es “necesario y deseable” recurrir la resolución del tribunal de primera instancia y confía en que el Reino Unido también lo haga. El plazo para presentar un recurso de casación ante la Corte de Luxemburgo sobre las decisiones del Tribunal General es de dos meses. Caruana ya ha autorizado a los servicios jurídicos de la colonia preparar la documentación necesaria para la apelación y remitirla al Tribunal de Justicia Europeo.
En el comunicado, Caruana afirma que el objetivo de su Gobierno es “proteger a Gibraltar de las consecuencias adversas” que la resolución judicial tiene “para la soberanía Británica y la jurisdicción exclusiva de Gibraltar sobre las aguas territoriales británicas”. “Bajo ningún concepto, el Gobierno de Gibraltar puede permitir que las aguas territoriales británicas en Gibraltar sean tratadas, administradas o gobernadas por la Unión Europea o con cualquier otro propósito”, añade Caruana.
El ministro principal ha subrayado que las aguas son de “exclusiva” soberanía británica y que se encuentran bajo la “exclusiva jurisdicción y control” del Gobierno y las autoridades del Peñón, así como “sujetas a la aplicación exclusiva de las leyes gibraltareñas”. Frente a la postura de las autoridades de la colonia y del Reino Unido, España reclama el dominio de las aguas que rodean al Peñón al argumentar que el Tratado de Utrecht (1713) sólo cedió las del puerto, no el perímetro de tres millas náuticas.
Las discrepancias sobre las fórmulas de cooperación policial en estas aguas mantiene bloqueado el Foro de Diálogo en el que participan España, Reino Unido y Gibraltar desde 2004. Este litigio ha dado pie en los últimos meses a diversos incidentes de patrulleras de la Guardia Civil con embarcaciones de la policía gibraltareña y de la Royal Navy.
